La Abogacía del Estado se retira de la causa del Tribunal de Cuentas por la acción exterior

La demanda contra 34 excargos del Govern en el Tribunal de Cuentas por el presunto uso irregular de fondos para promocionar el procés en el exterior, por la que deberán abonar una fianza de 5,4 millones de euros, queda en manos de la Fiscalía y las asociaciones después de que la Abogacía del Estado y la Generalitat de Catalunya avisaran de que no seguirán adelante. El Gobierno central justificó ayer la retirada de la Abogacía del Estado de la causa asegurando que “no tiene legitimación” para seguir en el proceso puesto que los fondos afectados pertenecen a la Generalitat y no de la Administración General del Estado.

Así lo pusieron de manifiesto la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer en sendas entrevistas en RNE y Antena 3, al ser preguntadas por el hecho de que el órgano no hiciera este miércoles uso de su tiempo para presentar alegaciones ante la delegada instructora..

En concreto, Calvo dijo que “no puede hacerlo” porque ya hubo un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, en referencia a una sentencia de noviembre de 2018, en la que el órgano fiscalizador acordó la falta de legitimación de la Abogacía del Estado para demandar al expresident Artur Mas por los gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Advierte a Pedro Sánchez de que Catalunya “no dejará nunca de votar: Lo siento por usted”

El Gobierno propone hacer un referendo sobre los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo

Respecto a este caso, el Tribunal Supremo comunicó ayer que había inadmitido los recursos de casación presentados por Mas y siete ex altos cargos de la Generalitat contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas que les condenó a devolver 4.988.620,11 euros por los gastos de la citada consulta. Según el Alto Tribunal, los recursos no están suficientemente fundamentados jurídicamente, y no han justificado que hubiera un conflicto de jurisdicción en este caso. Además del de Mas, el Supremo ha rechazado los recursos de Joana Ortega, Josefina Valls, Francesc Homs, Jordi Vilajoana, Ignacio Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias.

Todo esto, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó el hecho de que Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del gobierno de José María Aznar, sea la encargada de elaborar los expedientes del Tribunal de Cuentas sobre los líderes independentistas. Es un “anacronismo” que demuestra la necesidad de renovación de este órgano, dijo.

Tan solo dos horas después de que el presidente hiciera estas declaraciones en una entrevista en La Sexta, el Tribunal de Cuentas emitió un comunicado en el que reivindicó su “independencia” y defendió la legitimidad y competencia de todos sus componentes. “Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución.

El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes”, rezaba la nota. Además de Mariscal de Gante, el Tribunal tiene entre sus filas al hermano de Aznar, Manuel Aznar o a la mujer del exministro del PP Federico Trillo, María José Molinuevo.

Entretanto, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, denunció ayer ante la ONU la represión de España contra el independentismo catalán e instó a la organización internacional a presionar al Estado para aplicar la amnistía para todos los represaliados. Lo dijo en una intervención telemática en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tan solo una semana después de ser indultado.

Mientras, en un acto celebrado en un acto celebrado en la universitat Pompeu Fabra de Barcelona con motivo del 60º aniversario de Òmnium, el primero desde que salió de prisión y al que asistió una delegación de leridanos para darle la bienvenida, el líder de la entidad advirtió a Pedro Sánchez de que “Catalunya no dejará nunca de votar” y que nadie podrá hacerle desistir de sus ideales de “libertad”, en referencia a la posibilidad de que el indulto sea reversible..

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó ayer al independentismo de que seguir hablando sobre la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación es “un absurdo”, porque ahora mismo no cabe dentro de la ley y porque es “matemáticamente imposible” que se recabe la mayoría necesaria de dos tercios para reformar el artículo dos de la Constitución, empezando por el rechazo del PSOE. En este sentido se pronunciaron también miembros de su Gobierno.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, limitó el contenido del posible referendo a “solo” los “acuerdos políticos” que alcancen el Gobierno de España y la Generalitat en la mesa de negociación. En esta línea el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, abogó por un gran pacto que apueste por el autogobierno, mejorar la financiación y ahondar en la cogobernanza con el Estado y que este “se pudiera votar en un referéndum”.

Por su parte, desde Podemos, la ministra de Igualdad, recordó que aunque su formación siempre ha apostado por una consulta pactada, será difícil que actualmente se lleve a cabo e instó a buscar otras fórmulas “más aceptables”. Mientras, el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que su partido tiene intención de llevar el referéndum a la mesa de diálogo.

A pesar de las reiteradas negaciones a este punto, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, volvió a afirmar que persistirá para conseguir la autodeterminación, pese a que reconoce que la posición del Gobierno central está muy alejada en este asunto. Según él, “una amplia mayoría de catalanes cree que el conflicto político se debe resolver con una ley de amnistía que deje en libertad a todos los represaliados” y “con un referéndum para votar si se quiere o no la independencia”.

Mientras desde el PP y Cs, criticaron que el Ejecutivo se abra a una consulta, aunque no sea de autodeterminación.