PSC, Cs y PP llevan el fondo del Govern de 10 millones al Consell de Garanties Estatutàries

Los grupos del PSC-Units, el de Ciudadanos y el del PP han pedido al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que estudie si el fondo creado por el Govern para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas, pendiente de validación del Parlament, se ajusta al Estatut y a la Constitución. Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatut, no son vinculantes, pero aun así fuentes socialistas consideran que su aval es importante a nivel político.

Según señaló el líder del PSC, Salvador Illa en una entrevista en Catalunya Radio, el objetivo es aclarar “las dudas jurídicas” que plantea el decreto, y si el Consell de Garanties Estatutàries dictamina que el fondo es legal, su partido no tendrá inconveniente en votar a favor en el Parlament. “Es razonable que tengamos dudas y que las queramos aclarar por el bien de todos. El momento de esta medida introduce dudas”, explicó.

Mientras, el expresident Artur Mas, anunció que ha presentado un recurso contra la fianza de casi 3 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat para promocionar el procés en el exterior. El expresident ha pedido la nulidad de su caución argumentando que ha sufrido una “indefensión” por la “irregular tramitación” de esta liquidación provisional, en que se le vincula a algunas actuaciones de cuando ya no ejercía.

Por su parte, Oriol Junqueras, Raül Romeva y el resto de encausados de ERC presentaron un recurso en el que piden la nulidad de la causa del Tribunal de Cuentas.

Los republicanos subrayan “irregularidades” del procedimiento y plantean la “inconstitucionalidad” de las fianzas que se les exigen por “falta de control judicial”. Según la formación, esto hace que no se puedan defender en un procedimiento contradictorio antes de que se resuelva sobre su presunta culpabilidad.

“En la práctica, la pena es impuesta antes del juicio”, aseguran, recordando que los encausados deben depositar más de 5,4 millones de euros antes del 21 de julio o bien se les embargarán los bienes.

Apuestas distintas sobre el futuro del diálogo

Los dos partidos que forman el Govern, ERC y Junts, mostraron ayer sus diferencias respecto a la mesa de diálogo que se celebrará en septiembre entre el Govern y el Estado.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, afirmó que “cuesta confiar” en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es alguien que, a su juicio, “sistemáticamente ha cambiado” de opinión “en función de lo que le ha interesado”.

Por este motivo, afirmó, mantiene el escepticismo respecto al encuentro entre ambos gobiernos. Respecto a la negativa del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a poner sobre la citada mesa la posibilidad de hablar sobre un referéndum pactado, la juntista aseguró que “a falta de un nuevo referéndum civilizado, pactado y vinculante en un Estado maduro”, en Catalunya regirá el resultado del 1-O a favor de la independencia. “El referéndum lo hemos hecho. Lo hicimos el 1-O y tuvo el resultado que tuvo”, aseveró en una entrevista en la Ser Catalunya. En este mismo sentido se pronunció también el secretario general de Junts, Jordi Sànchez. “Para mi partido el nuevo referéndum o es acordado y vinculante o ya tenemos el mandato del 1-O”, advirtió.

Asimismo, señaló que resolver el conflicto catalán “es una cuestión de voluntad política” y apuntó que la misma mayoría que permitió que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno podría hacer posible la amnistía.

“España podría aceptar la inmunidad europea de los eurodiputados como Puigdemont. No haría ni falta reformar el delito de sedición”, aseveró.

Por su parte, el exconseller Raül Romeva, afirmó que ve “urgente” que se reúna la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán para abordar “el conflicto político”, y dijo no ser partidario de pensar en un “plan b” hasta saber lo que propone la parte estatal. Para él lo principal es que la reunión se celebre y que el Govern pueda llegar a ella con “los consensos más grandes posibles” en torno a las propuestas que planteará al Estado. Y es que según Romeva, llegar a la mesa de diálogo pensando en una alternativa es considerarla ya fracasada sin darle una oportunidad a los consensos que puedan salir de la negociación.

La Abogacía del Estado sería contraria a anular los indultos

La Abogacía del Estado presentó el martes ante el Tribunal Supremo sus alegaciones a las medidas cautelares solicitadas en los recursos presentados contra los indultos concedidos a los condenados por el procés.

Aunque se desconoce el sentido de las mismas, lo previsible es que los Servicios Jurídicos del Estado se hayan pronunciado de forma contraria a las cautelares que comportarían el regreso a prisión de los líderes del 1-O. Esta medida fue solicitada tanto en los recursos presentados por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y otros dos exdiputados, como en los que presentó el partido ultra Vox.