?PROCÉS? TRIBUNALES
El Superior de Justicia juzgará a Torrent por desobediencia
Considera “verosímil” la acusación y asume la causa de Garriga por el 1-O || También lleva el caso contra Laura Borràs
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha negado que investigue al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, por sus ideas y ha decidido mantener la causa al considerar “verosímil” la acusación por desobediencia al Tribunal Constitucional por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
Así lo sostiene en un auto en que desestima los recursos interpuestos por Torrent, y sus compañeros en la Mesa de la Cámara catalana la pasada legislatura –Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado– contra la decisión del TSJC, que en marzo acordó abrirles una investigación a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia.
Por otra parte, el Superior de Justicia se declaró competente para asumir la investigación abierta contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acusada de un delito de malversación por su papel en la organización del referéndum del 1-O. En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha admitido tramitar la causa contra Garriga dada su condición de aforada, que adquirió el pasado 26 de mayo cuando tomó posesión de su cargo como consellera de la Generalitat. Así pues el TSJC investiga a dos consellers del actual Govern, que podrían enfrentarse a una inhabilitación.
El juez ve “malversación sistemática” en una firma que montó actos de Carles Puigdemont
El Alto Tribunal catalán, además, tiene una causa abierta, contra a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por supuestamente haber contratado “a dedo” a un conocido cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
En otro orden de cosas, el juez del “caso Volhov” investiga si la empresa Iniciativa Events, que organizó actos políticos del expresident Carles Puigdemont y prestó apoyo logístico a Tsunami Democràtic, ha malversado caudales públicos de forma “sistemática y continuada”. Esta trama, que juzga la Audiencia de Barcelona y en la que se indaga si hubo un desvío de subvenciones públicas para financiar el procés, también salpica al conseller de Educación, el leridano Josep González-Cambray.