La CUP pide romper los convenios con aquellos hospitales que no practiquen abortos

La CUP ha pedido al Gobierno que "rompa todos los convenios, conciertos y contratos públicos" con los hospitales catalanes no favorables a practicar la irrupción del embarazo, ya que sus profesionales se adhieren a la objeción de conciencia.

"Eso no se puede consentir, no podemos ponernos de perfil ante estos lobbies eclesiásticos", ha exigido la diputada anticapitalista Laia Estrada en rueda de prensa. La CUP llevará el debate del derecho al aborto al próximo pleno del Parlament en forma de moción y reclamará "voluntad política" al ejecutivo para que garantice la interrupción voluntaria gratuita del embarazo en todo el territorio catalán, que ya cuenta con los profesionales y las infraestructuras necesarias.

En el último pleno, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ya reconoció que este derecho no estaba garantizado "con equidad territorial". Argimon afirmó que uno de los motivos principales es que el 42% de los profesionales se declara objetor de conciencia. Por ejemplo, en el Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, todos son objetores.

Sin embargo, para la CUP, aquellos centros concertados donde el patronato está compuesto por formaciones religiosas "están obligando a sus profesionales" a ser objetoras de conciencia, convirtiéndose así en una "objeción institucional". Por eso, Estrada ha declarado que "no puede ser que el departamento sea cómplice que con dinero público se impongan ideologías religiosas".

La moción presentada por la CUP, que todavía está pendiente de posibles enmiendas del resto de grupos, también quiere instar al Gobierno a desplegar el reglamento de la Ley 9/2017 de universalización de la sanidad en Catalunya para incluir "el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y personas embarazadas", incluida la posibilidad de aborto. Estrada también ha lamentado que el departamento de Salud garantice "únicamente" la interrupción del embarazo a través del método farmacológico, posible hasta las nueve semanas de gestación, y no el quirúrgico -hasta las 14 semanas-, el cual decide "delegar a la sanidad privada".