El gobierno español lleva al Congreso la ley de memoria histórica que podría hacer desaparecer la Fundación Franco

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la memoria democrática.

La ley mantiene uno de sus aspectos más destacado: la prohibición de hacer apología del franquismo, que podría obligar a cerrar la Fundación Francisco a Franco, a pesar de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sostenía que la apología del fascismo está amparada en la "libertad de expresión".

El gobierno también ha incluido el estudio de la memoria democrática en la ESO, el bachillerato y la formación profesional. La norma sustituye y amplía la ley de memoria histórica aprobada el año 2007 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaño, ha explicado que los objetivos de la ley son la salvaguardia y difusión de los valores democráticos y los derechos fundamentales, y el reconocimiento de las víctimas del golpe de estado de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Según Bolaño, esta es la primera ley española que repudia directamente el franquismo y responde a las peticiones de varios organismos internacionales que reclamaban en España más atención a las víctimas del franquismo.

Eso, según Bolaño, hará que la ley homologue el estado a otros países del entorno europeo en esta materia, y espera que "ninguna fuerza democrática" se oponga y vote contra la "dignidad" de las víctimas.La ley prevé medidas para evitar la exaltación del golpe de estado, de la guerra o de la dictadura, con multas de 200 en 150.000 euros o la retirada de distinciones y títulos nobiliarios a personas próximas al franquismo.

También se podrán iniciar expedientes para extinguir fundaciones como Francisco Franco que hagan enaltecimiento del franquismo, provoquen odio o desprecien a las víctimas. Además, estas fundaciones no serán consideradas de utilidad pública. Por último, se declara extinguida la fundación de la Santa Criz del Valle de los Caídos, que gestiona el mausoleo franquista.

De hecho, se "ressignificarà" globalmente el Valle de los Caídos, donde no podrá estar enterrado ningún dirigente franquista en un lugar preeminente. De hecho, Bolaño ha dicho que se exhumará el cadáver de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor.

La ley se basa en tres ejes, según Bolaño. El primero es poner a las víctimas y sus familias en el centro, ya que se declaran injustas todas las violaciones de derechos humanos, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción y se declaran nulas todas sus condenas. Se dedicarán dos días al año a reconocer a las víctimas: el 31 de octubre a todas las víctimas y el 8 de mayo a los exiliados.

El segundo eje será poner en valor el papel de las mujeres, por su doble represión recibida durante la dictadura.

El tercer eje es reconocer el papel de los movimientos memorialistas.

La nueva legislación se basa también en cuatro principios fundamentales establecidos internacionalmente por casos como el de la dictadura franquista: verdad, justicia, reparación y deber de memoria por la no repetición.

Respecto de la verdad, Bolaño ha dicho que el Estado es el responsable de buscar a las víctimas, cosa que se hará con una planificación cuatrienal y la creación de un banco estatal de ADN. También se dará derecho de acceso de los historiadores a archivos y se creará un centro documental de memoria democrática en Salamanca.

El principio de justicia se concreta en la investigación de todas las violaciones de los derechos humanos entre los años 1936 y 1978.

También se creará una fiscalía de sala de memoria democrática, pero Bolaño ha admitido que la prescripción de los delitos y la irretroactividad de las normas penales hacen muy difícil castigar las vulneraciones de derechos.El principio de reparación histórica y moral se basará en la auditoría e inventario de los bienes decomisados por el franquismo por motivos ideológicos, pero Bolaño ha recordado que no habrá responsabilidad patrimonial del estado ni ninguna indemnización económica.

De hecho, ha dicho que durante la democracia ya se ha compensado a más de 608.000 a personas y se han pagado más de 21.600 millones de euros en indemnizaciones. "Esta parte ya está cubierta, ahora damos un paso más allá, hacia la dignidad," ha concluido.

Por último, el deber de memoria se fundamentará en la inclusión en el currículum escolar de los valores democráticos y derechos fundamentales.También se creará un consejo interterritorial para coordinar las políticas memorialistas de las diversas administraciones y un consejo de memoria democrática que englobará las entidades memorialistas.

Igualmente se crearán dos nuevos supuestos para tener la nacionalidad española, en especial a los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura.

Oposición del CGPJ

El CGPJ aprobó a principios de junio por 15 votos a favor y 6 en contra el informe sobre la Ley de Memoria Democrática que cuestiona que se pueda ilegalizar fundaciones por apología del franquismo o por iniciación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado.

Según el CGPJ, "la apología del franquismo, siempre que no esté el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que aunque sean contrarias a los valores de la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión".

Además, cree que no se puede investigar penalmente ningún hecho de la Guerra Civil o la dictadura aduciendo la Ley de amnistía de 1977.El documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea aprobado este lunes al pleno del CGPJ rebate varios puntos de la ley que por primera vez incorpora la definición de víctima de la Guerra Civil y la dictadura.

En primer lugar ya propone que esta definición tenga un carácter "estrictamente administrativo" porque "la verdad histórica no forma parte del proceso penal".En este sentido, los jueces recuerdan que el Supremo estableció que los procesos penales no pueden servir para investigar hechos vinculados a la Guerra Civil aduciendo que se aprobó la Ley de amnistía de 1977.

Además, aseguran que la definición de la figura de la víctima de la Guerra Civil tiene que quedar restringida a "casos centrales de violación de los derechos humanos". El documento también reclama que la nulidad de las sentencias franquistas se limite a las resoluciones que contengan específicamente una condena o sanción, no en el resto.

Limitar la aplicación de la ley

El informe del CGPJ también recuerda que aunque la ley describa los actos de exaltación del franquismo, sus dirigentes y participantes como "contrarios a la memoria democrática", en realidad esta calificación "por sí sola no implica ninguna consecuencia jurídica", y reclama que el artículo que tipifica como infracción muy grave el hecho de que no se adopten medidas para impedir estos actos no se pueda aplicar a las concentraciones que considera amparadas en el derecho de reunión.

Además, el documento se queja de que la ley puede generar "asimetría" entre las víctimas del franquismo y las "de otros hechos constitutivos de violaciones de Derechos Humanos que tuvieron lugar en el mismo periodo histórico".

Recuerda que el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena "a los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas".El informe también reclama que se modifique el apartado de la ley que permite ilegalizar fundaciones que hacen apología del fascismo porque "la apología del franquismo, sin que esté el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que aunque son contrarias a los valores proclamados por la Constitución están amparados por la libertad de expresión".

En respuesta a este informe, el entonces vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, afirmó que su gobierno no comparte el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cuestiona la Ley de memoria democrática porque considera que la apología del franquismo tendría que ser considerada como "libertad de expresión".

La vicepresidenta recordó que el informe no es vinculante, y destacó que la apología del franquismo que el CGPJ quiere proteger "significa el menosprecio absoluto de todas las víctimas que quedan para reparar"."Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario, con las recomendaciones que nos hace Naciones Unidas sobre los compatriotas desaparecidas sin identificar, sin volver a sus familias y sin que se haya restituido la dignidad", dijo.