El Gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos a pesar de la nueva ley de Memoria Democrática

A pesar de la nueva ley de Memoria Democrática, el Gobierno no prevé retirar la cruz del Valle de los Caídos. Lo que sí está en el aire es el futuro de la abadía, ocupada actualmente por monjes benedictinos. El Ejecutivo lo negociará con la Iglesia, según han explicado fuentes gubernamentales.

Este martes se aprobó por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso de los Diputados la tan ansiada ley de Memoria Democrática. Esta nueva ley declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.

Todo ello en el marco de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En él tampoco cabe que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera ocupe un lugar preponderante, por lo que deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares.

Esta ley recoge por primera vez de forma explícita, en su artículo 1.3, un repudio y condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y la condena de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública, según subrayan las fuentes del Ejecutivo.

Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.

La ley crea la figura de un fiscal de sala de memoria democrática, que será nombrado por el fiscal general del Estado. El Gobierno cuenta con que prácticamente todos los autores de delitos que se pudieran cometer durante la guerra civil y la dictadura han fallecido ya, pero deja en manos del fiscal la posibilidad de elevar la investigación en caso de que alguno continúe vivo y aprecie delito.

Además, señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres que permanecen en fosas comunes. La secretaría de Estado de Memoria dedica un 60 por ciento de su presupuesto a este cometido, que cuenta ya con un catálogo de 304 fosas para los años 2020 y 2021 que se ampliará con un millón más de euros destinados a los ayuntamientos para que contribuyan a esta labor.

La ley pone además el foco en el denominado deber de memoria y quiere garantizar que el periodo de la guerra civil y la dictadura se estudia en los institutos. La forma de hacerlo aún está en estudio, pero contempla una reordenación de la asignatura de Historia para garantizar que los alumnos conozcan esta etapa.

Además, avanza respecto a la ley de memoria histórica del año 2007 en la concreción para la retirada de símbolos del franquismo mediante un catálogo, un procedimiento de actuación e incluso la aplicación de sanciones en caso de que sus responsables se nieguen que irán desde los 200 a los 150.000 euros en función de la gravedad.

El futuro de la Fundación Franco

Con esta nueva ley, la Fundación Franco tiene los días contados, ya que declara la extinción de todas las fundaciones que hagan apología del franquismo, exaltación del golpe de Estado del 36 o la dictadura y apología de sus dirigentes, con menosprecio a las víctimas e incitación al odio.

El proceso dependerá del protectorado que forma parte del Ministerio de Cultura, que será el encargado de iniciar el procedimiento para dilucidar si se cumple el requisito y, en ese caso, declarar la liquidación de la fundación.