El Tribunal de Cuentas exige cobrar mañana la fianza de 5,4 millones por el 'procés'

El Tribunal de Cuentas denegó ayer la prórroga solicitada por varios exaltos cargos de la Generalitat para abonar de forma solidaria la fianza de 5,4 millones de euros que les reclama en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos públicos para promocionar el procés en el extranjero entre 2011 y 2017.

El órgano fiscalizador considera que el plazo de 15 días hábiles que estableció el pasado 30 de junio, que expira mañana día 21 de julio a medianoche, es “razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado”. Si los encausados no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles bienes.

Los servicios jurídicos del Congreso rechazan investigar la neutralidad política del fiscalizador

Precisamente, para evitar este último punto el Govern aprobó la creación de un fondo de 10 millones de euros, que será gestionado por ahora por el Instituto Catalán de Finances (ICF), para proteger a los trabajadores de la Generalitat de eventuales reclamaciones patrimoniales sin sentencia. La intención, según defiende el Executiu, es que la administración catalana actúe como contraaval de que presente una entidad financiera, de la cual todavía se desconoce el nombre. Por el momento, según avanzó El Periódico, 31 de los 34 encausados se han acogido a este fondo. Con todo, el Tribunal de Cuentas insistió en que deberá ser la instructora de la causa la que decida si prospera o no la estrategia de la Generalitat, ya que esta figura como perjudicada en el acta de liquidación provisional, aunque desde el Govern no coincidan con ello.

Entre los encausados se encuentran el expresident Artur Mas y quien fuera su conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, a quien les reclama 2,8 millones de euros; el expresident Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras, a los que les reclama 1,9 millones o el exconseller Raül Romeva, al que le pide 2,1. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

Por otro lado, los servicios jurídicos del Congreso se posicionaron en contra de la admisión a trámite de la iniciativa registrada recientemente por Más País, Compromís y los partidos independentistas para crear una comisión de investigación relativa a la “neutralidad política” del Tribunal de Cuentas.

En otro orden de cosas, Pol Serena, militante de las juventudes de ERC, para quien la fiscalía pide 8 años de prisión por desórdenes y lesiones a un mosso en una protesta contra la sentencia del 1-O, negó que agrediera a los agentes y los acusó de mentir. Otro joven, al que acusaban de los mismos delitos y para quien pedían la misma pena, quedó absuelto al no poder ser identificado por la policía.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dijo ayer que espera que los independentistas hayan “aprendido la lección” y aparquen reivindicaciones como la del referéndum, puesto que el Gobierno español “ha hecho un gesto muy importante para la convivencia” con los indultos, “y ahora ellos deben hacer un esfuerzo para recomponer la convivencia y la concordia dentro de Catalunya”.

Así se pronunció en una entrevista en la Ser donde afirmó que la Comisión Bilateral, que tendrá lugar el 2 de agosto, debe servir para que, después de una década de “conflicto” que “ha llegado a los hogares y roto familias”, haya un reencuentro que permita abordar cuestiones que habían quedado aparcadas “por el procés, como” la educación, la sanidad y las infraestructuras”. “Mi afán como ministra será recuperar estos temas”, aseveró.

Respecto a un eventual regreso del expresident Carles Puigdemont a España, Rodríguez apuntó que se le aplicaría “la Constitución y ley”, y que de volver, él o cualquiera de los otros líderes independentistas en el extranjero, deberían “ser juzgados”. “Tengo confianza en que ellos también están en un nuevo tiempo”, apostilló.

En respuesta, Puigdemont afeó las oalabras de la ministra (ver desglose) y desde ERC confiaron en que, usando la misma frase que rodríguez, “el Gobierno haya aprendido la lección, porque la represión no sirve para solucionar el conflicto”.

Puigdemont no ve los indultos un gesto, sino una exigencia europea El líder de Junts, Carles Puigdemont, defendió ayer que el Gobierno central tiene “un problema de interpretación de la realidad” cuando califica los indultos de “gesto hacia la convivencia” y reivindicó que si estos se concedieron fue porque lo exigió “el Consejo de Europa”.

En un acto en la Catalunya Nord, donde firmó un convenio de colaboración con Unitat Catalana, el expresident también pidió al Ejecutivo “cambiar de canción” tras decir la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que el independentismo “debería haber aprendido la lección”. Asimismo cargó contra el Tribunal de Cuentas por querer la “muerte civil” de los líderes del procés.

ERC negociará los PGE si se cumplen los de 2021 La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, advirtió ayer al Gobierno sobre los Presupuestos del Estado de 2022 que, para que su partido “pueda trabajar” en ellos y negociar su aprobación, “se tienen que haber cumplido los compromisos de inversión adquiridos con los de 2021”, como sería que Catalunya hubiera recibido 2.339 millones en inversiones.

El 61% de los catalanes apoya los indultos La concesión de los indultos a los presos del 1-O por parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el aval del 61% de los catalanes, según una encuesta realizada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) para El Periódico. En Euskadi este porcentaje sube hasta el 72,2 por ciento. Mientras en el conjunto de España, un 59,6% de los ciudadanos está en desacuerdo con la medida de gracia.