El Govern no logra que ningún banco avale las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas

El plazo para que los 34 exaltos cargos de los Governs de Artur Mas y Carles Puigdemont depositen la fianza de 5,4 millones de euros que les exige el Tribunal de Cuentas por promocionar el procés en el exterior termina esta medianoche sin que la Generalitat haya podido encontrar ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo de 10 millones que se impulso para cubrir ese elevado gasto.

Así lo anunció ayer el conseller de Economía, Jaume Giró, que también afirmó que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto, para no poner “en peligro” a ningún trabajador público.

Así pues, según criticó Giró, la negativa a prorrogar el plazo de pago, un procedimiento habitual, hará imposible que, por el momento, los encausados puedan beneficiarse del fondo de riesgo. Hasta la fecha 31 de los 34 se habían acogido a esta medida.

Con todo, y tras apuntar que desconoce si el Banco de España ha intervenido en las negociaciones para que las entidades rechacen avalar, Giró confió en que los nuevos contactos que mantienen permitan incorporar una entidad en dicha operación lo antes posible.

En este sentido se pronunció también el president Pere Aragonès, que dijo esperar que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fondo, que pidieron PSC, comuns, Cs y PP, sea favorable y eso ayude a “desbloquear” las dudas de las entidades financieras respecto al fondo del Govern. Asimismo, insistió en que están estudiando otras vías para evitar embargos.

La mayoría de los encausados han optado por hacer frente a la fianza con bienes y propiedades

Bruselas cree que el conflicto es un asunto interno y no un problema de estado de derecho

En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, apuntó que el Govern podrá disponer de un aval por parte de una banco extranjero “en unas semanas”. En una carta dirigida a la militancia, en la que aseguró que “la presión mediática y de los organismos del Estado ha hecho que las entidades financieras del país no accedieran de momento a conceder el aval, pese a disponer de la garantía financiera de la Generalitat”, pidió que hicieran aportaciones económicas para evitar que a los encausados, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras o Andreu Mas-Colell, sean embargados.

Ante esta situación la mayoría de los 34 exaltos cargos del Govern implicados han optado por depositar bienes y propiedades personales para cubrir el máximo de la suma exigida en el plazo fijado, a lo que se sumaría el dinero recaudado por la Caja de Solidaridad, que hasta hace unos días había logrado acumular algo más de un millón de euros.

Mientras, los abogados de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas.

El eurocomisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró ayer que Bruselas está “siguiendo” de cerca la causa del Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern por el 1-O y afirmó que están esperando a ver cuál es “la decisión final”. Así se pronunció tras ser preguntado por el conflicto catalán en el marco del informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de derecho en España, que se publicó ayer y en el cual no se hace referencia alguna al conflicto político entre Catalunya y España. Y es la CE insiste en que ese es un asunto interno español que tiene su respuesta dentro del orden constitucional y no un problema de estado de derecho.

Por otro lado, Bruselas también señaló que ve con “satisfacción” que el conflicto se esté intentando “canalizar”, haciendo una referencia a los indultos concedidos por el Gobierno a los presos por el procés. En este sentido el Ejecutivo Europeo remarcó que este año han recibido “proporcionalmente” menos quejas de la sociedad civil sobre el caso catalán.

Durante la preparación del informe, la CE recoge las opiniones de organizaciones e instituciones sobre la situación de estado de derecho en cada estado de la Unión Europea. En 2020 Bruselas ignoró las denuncias del Govern y de siete entidades civiles sobre vulneraciones de derechos relacionadas con el conflicto con Catalunya y los presos. Este 2021 la Comisión Europea ha recibido más “contribuciones” de la sociedad civil sobre la situación en España, pero “proporcionalmente menos” sobre el asunto catalán.

Aragonès responde que es el Estado el que debe aprender la lección El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reafirmó ayer en la demanda de poner el referéndum sobre la mesa de negociación con el Gobierno central, y avisó al Estado de que es él “el que debe aprender la lección”.

Así respondió a las declaraciones que hizo el lunes la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que aseguró que el independentismo “debería haber aprendido la lección” de los últimos años, olvidarse de exigir un referendo y centrarse en cuestiones del “día a día”. Por su parte, la portavoz del Executiu, Patricia Plaja, aseguró que “ni la Generalitat ni los catalanes necesitan un Gobierno español que los aleccione”.

La financiación de Catalunya no se debatirá en la Comisión Bilateral

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha excluido la financiación autonómica de la agenda que el Ejecutivo llevará a la Comisión Bilateral con la Generalitat y la ha enmarcado dentro del espacio donde a su juicio debe tratarse, que es la Conferencia de Política Fiscal y Financiera.

La ministra explicó ayer que los tres grandes temas que se abordarán en la reunión que se celebrará el próximo 2 de agosto en Madrid serán las becas, las infraestructuras y el terreno de lo audiovisual, con un proyecto que tiene que ver con el “uso de la lengua”. Según ella, esto es algo que ya ha tratado con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.