Fianzas abonadas con aval del ICF

El Govern dio ayer marcha atrás y decidió activar el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para avalar las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por la acción exterior entre 2011 y 2017. Así lo anunció ayer en el Parlament el conseller de Economía, Jaume Giró, a escasas horas de que venciera el plazo fijado –la medianoche de ayer– para abonar los 5,4 millones que el órgano fiscalizador les reclamaba y evitar un embargo de sus bienes.

El motivo del giro, según explicó Giró, es que el martes, después de anunciar que el ICF no avalaría las fianzas para no poner a sus trabajadores en peligro, recibió varias llamadas de estos pidiéndole que activaran el aval a través de este organismo, un punto que ya contemplaba el decreto del fondo de 10 millones creado por el Executiu en caso de no encontrar el respaldo de ninguna entidad financiera.

Con todo, el aval del ICF será provisional, ya que el departamento de Economía continuará buscando un banco para cubrirlo. El dictamen que tiene que emitir el Consell de Garanties Estatutàries, a petición de PSC, Cs y PP, puede ayudar en este sentido si es favorable al decreto-ley que el Parlament avalará la próxima semana.

Los 34 exaltos cargos encausados han recurrido todos al fondo de 10 millones del Govern

Celebra el giro del Govern y asegura que si el decreto contemplaba la utilización del ICF, se tenía que usar

El anuncio se produjo tras una reunión entre Giró y el president Pere Aragonès en la que también estuvieron presentes miembros del ICF. La situación de las últimas horas había creado tensión entes los socios del Executiu, ya que el republicano quería ser él que anunciara este cambio de parecer, algo que no sentó bien a Junts que criticaron que eso sería corregir a Giró. Finalmente Aragonès cedió el protagonismo al conseller, al que agradeció su cambio de postura. Paralelamente, el Govern presentó el martes ante Tribunal de Cuentas un recurso en el que pidió una prórroga de 15 días para completar los trámites administrativos para poder avalar las fianzas, ya que es el tiempo que necesita para comprobar si la documentación aportada por los que se acogen al fondo es correcta. No obstante, esto no paralizaba el aval, y es que todos los exaltos cargos encausados, entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, tenían intención de presentar sus fianzas, cubiertas por el ICF, antes de la finalización del plazo fijado. Pese a esto, Mas, pesimista, afirmó que cree que hay “altísimas probabilidades” de que el tribunal rechace el aval del ICF. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, afirmó que, a su parecer, no hay “margen legal” para actuar contra la decisión del Govern ni contra los trabajadores del ICF.

Mientras, Carles Puigdemont presento un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra la denegación de este de no ampliar el plazo para fiar las cantidades que este órgano reclama. En él alega indefensión y acusa al órgano de falta de imparcialidad.

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, anunció ayer que su formación registrará un escrito en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidiendo que se oponga a la fianza del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las reclamaciones de dinero que dicho tribunal ha impuesto a 34 exaltos cargos por la acción exterior de la Generalitat, y que no la acepte.

Así lo anunció después de conocer la decisión del Govern de activar esta entidad para avalar las fianzas. En este sentido Carrizosa también señaló que pedirán la comparecencia en el Parlament del consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, para explicar la cobertura legal que tiene “algo tan increíble como que, con dinero público, se cubra las fianzas de los que extrajeron de las arcas públicas”.

Por su parte, tanto el PSC como los comuns evitaron pronunciarse al respecto y aseguraron que se esperaran a conocer el contenido del informe que está preparando el Consell de Garanties Estatutàries y que se espera se publique antes del próximo jueves. Con todo ambos partidos ya aseguraron días antes que consideraban que el fondo de 10 millones creado por el Govern cumple con la legalidad. Por su parte, el presidente del grupo ultraderechista Vox, Santiago Abascal, aseguró que su partido está dispuesto a llevar ante los tribunales a la Generalitat si avala las fianzas.

Por el contrario, desde la CUP celebraron el giro del Govern y aseguraron que si el decreto contemplaba la utilización del ICF como aval si no se encontraba un banco, eso es lo que hay que hacer.

La Caixa de Solidaritat pagará 1,2 millones de la multa por el 9N El presidente de la Caixa de Solidaritat, Pep Cruanyes, explicó ayer que han logrado recaudar casi 1,2 millones de euros con aportaciones de la ciudadanía que abonarán al Tribunal de Cuentas en concepto de intereses de la multa por el 9-N.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Cruanyes detalló que ese pago se hará para ver si se levanta el embargo de bienes que esperan poder aportar como garantía ante una “nueva extorsión”, en referencia a la causa por la acción exterior. Sobre esta, acusó al Estado de presionar a los bancos para que no avalen el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas.