Dimisiones en el ICF por el aval al Tribunal de Cuentas

Tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat.

La Junta de Gobierno del ICF, el equivalente al consejo de administración de un banco, aprobó el miércoles, dividido, activar el mecanismo previsto para que la entidad financiera presentara el aval. De hecho se aprobó gracias al voto de calidad del presidente de la junta, Albert Castellanos.

Puigdemont y Mas las formalizaron ayer y el resto trabaja para hacerlo antes del fin del plazo, el martes

Por otro lado, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusó ayer al Tribunal de Cuentas “de aplicar clichés y pautas de funcionamiento como los que se aplicaron al final de la Guerra Civil contra los republicanos en Catalunya”. Para Borràs, el fiscalizador, que desde ayer ejerce con el mandato caducado, está actuando de manera “desproporcionada” con el único objetivo de buscar la muerte civil de los independentistas golpeando su economía. También celebró que el Govern decidiera finalmente optar por avalar las fianzas a través del ICF. Sobre esto explicó que los empleados públicos tienen miedo a represalias y añadió que eso “puede generar autocensura”. Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, acusó al PP de tener secuestrado el Tribunal de Cuentas y utilizarlo como un “órgano político” para “perseguir a sus rivales”. “Su objetivo es embargar nuestras casas, donde viven nuestros hijos”, denunció. Junqueras y los demás encausados trabajaban ayer para poder formalizar lo antes posible las fianzas antes del último plazo dado por la instructora del expediente, que finaliza a las 00.00 horas del martes. Artur Mas y Carles Puigdemont ya las entregaron ayer. Mas, que participó ayer en un acto para pedir la amnistía con miembros del JxSí, no cree que se acepte el aval y confió en recurrir a la justicia europea.

MADRID

La Audiencia Nacional ha absuelto del delito de encubrimiento a los dos mossos d’Esquadra juzgados por acompañar el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018. El magistrado considera probada la acusación de la fiscalía, pero los absuelve porque el delito de encubrimiento solo se les podría aplicar si hubieran abusado de su cargo público, cosa que no hicieron porque estaban de vacaciones, o si Puigdemont hubiera cometido un delito de rebelión, lo que la sentencia ve improbable, puesto que el resto del Govern implicado en el procés fue condenado por sedición. La fiscalía les pedía un año y medio de prisión y de inhabilitación.

Con todo, en el escrito, el magistrado, José Manuel Fernández-Prieto, considera probado que los dos policías, Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea, “ayudaban” al expresident, “conscientes de que era investigado en España por su participación en el 1-O” y que contra él pesaba una orden europea de detención y entrega a España. “La intención de los acusados ??era ayudar a Puigdemont a volver a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde se pudiera ejecutar la orden europea de detención”, concluye.

Cs denuncia al Govern y al ICF a la Fiscalía por el aval a las fianzasEl líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, presentó ayer una denuncia ante Fiscalía Superior de Catalunya contra la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) y contra el Govern por los avales a favor de los investigados ante el Tribunal de Cuentas, que considera una “absoluta ilegalidad”. Por su parte, el PP volvió a criticar que se use “dinero público” para pagar una “malversación”. Mientras, desde el PSC insistieron en que esperarán al informe del Consell de Garanties Estatutàries para tomar una decisión sobre el fondo de 10 millones impulsado por el Govern.