?PROCÉS? TRIBUNALES
El TSJC imputa a Roger Torrent por desobedecer al Constitucional
Junto a otros tres exmiembros de la Mesa del Parlament, declarará el 15 de septiembre || Por tramitar resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la monarquía
Los ‘cantaires’ volvieron a pedir un lunes más el fin de ‘la represión’ desde la plaza Paeria de Lleida.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como investigado el próximo 15 de septiembre al expresident del Parlament y conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, así como a otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana la anterior legislatura, el entonces vicepresidente primero, Josep Costa; el secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y la secretaria cuarta, Adriana Delgado. A todos se les acusa de un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
La investigación deriva de la querella que la Fiscalía presentó el pasado marzo contra Torrent y los miembros independentistas de la Mesa, por tramitar resoluciones sobre la autodeterminación y la monarquía pese a que el Constitucional les había advertido de su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015.
Según la Fiscalía, Torrent y el resto de diputados de la Mesa de JxCat y ERC dieron luz verde a la tramitación de las resoluciones en cuestión, pese a haber sido advertidos de su ilegalidad por parte del secretario general de la cámara y ser conscientes de que el Constitucional lo había prohibido. La magistrada instructora también da cinco días a Vox para aportar una fianza de 10.000 euros para seguir como acusación popular. La resolución se puede recurrir, pero no suspende el procedimiento.
Torrent denuncia la “judicialización de la política y la persecución de los debates parlamentarios”
Tras conocerse la noticia, Torrent denunció la “judicialización de la política y la persecución de los debates” en el Parlament. Defendió que hizo lo que “le correspondía: defender la libertad de expresión y el derecho a iniciativa parlamentaria”. Asimismo aseguró que es “incluso tranquilizador” poder ir a declarar al TSJC “para defender la democracia”.
En un sentido similar se expresó el president del Govern, Pere Aragonès, que criticó la “judicialización del debate parlamentario”, mientras que la portavoz de Junts, Elsa Artadi, denunció que este caso es “una evidencia más de que la represión no se detiene”.
En caso de que la causa contra Torrent prospere y culmine con una sentencia firme, su carrera política podría verse comprometida, ya que el delito de desobediencia conlleva una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El TSJC tienes causas abiertas también contra la titular de Cultura, Natàlia Garriga, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
ERC y Junts chocan por la utilidad y los plazos de la mesa de diálogo Los dos socios del Govern, ERC y JxCat, volvieron ayer a mostrar sus discrepancias en torno a la utilidad y los plazos de la mesa de diálogo entre Catalunya y el Estado.
La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, denunció que el “camino” que está tomando el Gobierno central “no va en la dirección de querer resolver el conflicto político”, por lo que, añadió, “quizá no hará falta esperar dos años (el tiempo que pactaron ERC y la CUP para darle margen al diálogo) para ver si da frutos”. En este mismo sentido se pronunció el vicepresidente de Junts, Jordi Turull, que aunque cree que fracasará, esperará “a final de año” para comprobar si puede ofrecer algún avance.
Las dudas mostradas desde JxCat no gustaron nada en las filas de ERC, cuya portavoz, la leridana Marta Vilalta, recriminó la actitud de quienes “menosprecian” esta “mesa de negociación”.
La republicana reconoció que desde su formación también son “escépticos” en cuanto al Ejecutivo, con quien consideró que la negociación será “compleja”. Con todo insistió en que trabajarán por agotar esa vía.
En paralelo el Govern, dijo, intentará conseguir “mejoras” en cuestiones del “día a día” a través de la Comisión Bilateral. Paralelamente, el PSC pidió al Executiu no afrontar ese diálogo con “reticencias”.
