El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales presentados a través del ICF

El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Institut Català de Finance (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros que le reclama a 34 ex altos cargos del Govern por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 y por ese motivo ha pedido un informe a la Abogacía del Estado.

El órgano fiscalizador le ha requerido al servicio jurídico del Estado que se pronuncie sobre si una entidad que pertenece a la Generalitat, “la misma administración autonómica perjudicada”, puede amparar las posibles responsabilidades contables “por dolo o culpa grave” antes de decidir si acepta o rechaza la vía ideada por el Govern. El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales procedentes del ICF de 29 de los 34 encausados por vía telemática, cuyo plazo de presentación expiraba la medianoche del lunes.

El fiscalizador también informó de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y avisó de que una vez terminado el plazo emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.

En caso de que no acepte el aval del ICF, también procedería al embargo de bienes de los afectados que se han adherido a esta fórmula.

Ante esta situación, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, defendió que el Executiu “no ve motivos para tener dudas respecto a los avales”, puesto que el decreto que se aprobó para crear el fondo es, a su parecer, “jurídicamente impecable”. En este sentido, acusó al Tribunal de Cuentas de querer hacer” política con el caso”. En este punto, el Ejecutivo central admitió que el tema de las fianzas no “es un asunto pacífico jurídicamente”, pero declinó avanzar si el Gobierno central comparte las “dudas” expresadas por este órgano ni augurar si la Abogacía del Estado las avalará.

El Govern defiende que no hay lugar a duda y asegura que el decreto del fondo es “jurídicamente impecable”

Por otra parte, Carles Puigdemont, uno de los encausados, pidió al tribunal a través de un escrito que suspenda la tramitación del procedimiento hasta que no se aclare por qué no ha sido remitida a las defensas determinada documentación generada por el órgano contable sobre este asunto. Se refiere, concretamente, a los votos concurrentes de consejeros progresistas de este órgano que en 2019 advirtieron de determinadas anomalías en el informe que sustenta el expediente contable de los 34 encausados.

Mientras, la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos alertó de que las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas son “inaceptables” y pueden vulnerar el derecho de los acusados a un juicio justo.

Plante de Aragonès, pero Giró sí asiste al Consejo Fiscal

El Govern justificó ayer la ausencia del president, Pere Aragonès, en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el viernes en Salamanca, asegurando que su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “prioritariamente bilateral, no multilateral”.

En este sentido, el Executiu aseguró que los temas que se tratarán en ese encuentro son “muy amplios” y no “aporta valor a los objetivos por los que trabaja este Govern”. Desde Moncloa, que invitó al republicano a “replantearse” su postura, ya avanzaron que entre los temas que estarán sobre la mesa se encuentra la pandemia y el reparto de los 13.000 millones de euros de Fondos Next destinados a las comunidades.

El plante de Aragonès, al que podría sumarse el lehendakari, Iñigo Urkullu, generó críticas entre los presidentes de Galicia, Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón, que lo tildaron de “error”. El jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, aseguró sentirse “decepcionado”.