Luz verde del Consell de Garanties y el Parlament a los avales del ICF

El pleno del Parlamento aprobó ayer el decreto del Govern que crea el fondo complementario de riesgos de la Generalitat, el sistema que el Executiu puso en marcha para avalar altos cargos y ex altos cargos de la administración catalana encausados ??por procedimientos como el que ahora tiene abierto el Tribunal de Cuentas, que reclama 5,4 millones de euros a 34 personas.

Lo hizo con el apoyo de ERC, Junts y la CUP; la abstención de PSC-Units y comuns, y el rechazo de Vox, Cs y PP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) acordara por unanimidad un dictamen en el que daba su visto bueno al decreto, aunque recomendó modificar algunos artículos para evitar “dudas que suscita el redactado actual”. El organismo encargado de velar porque las normas catalanas se ajusten a la ley concluye en su informe que el Executiu tiene la competencia para crear “un instrumento de protección de los trabajadores públicos”, con todo pide hacerle algún ajuste como, por ejemplo, la creación de un reglamento que precise cómo y cuándo se tendría que regresar el dinero de la garantía o incorporar “de manera explícita” la nueva función que se le otorga al ICF, que el CGE afirma que “debería ser excepcional y muy limitada en el tiempo”.

Aunque el informe no era vinculante, la votación del decreto ley no se podía llevar a cabo hasta que el Consell diera a conocer su decisión, después de que PSC, PP y Cs lo solicitaran.

El decreto salió adelante con sí independentistas, la abstención de ‘comuns’ y PSC y el no de PP Cs y Vox

Tras su aprobación, el conseller de Economía, Jaume Giró, apostó por tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar los cambios que plantea el CGE , algo que prosperó con el apoyo de todos los grupos excepto Cs, que se abstuvo. Giró defendió que el dictamen “despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se habían difundido las últimas semanas”.

Durante el debate, los grupos independentistas destacaron la solidez “jurídica” del texto y cargaron contra la “represión” que el órgano fiscalizador está llevando a cabo contra “34 familias”. Los grupos de derecha criticaron que “vaya a pagarse un expolio con dinero público” y aseguraron que el Executiu acabará respondiendo por ello. Desde el PSC criticaron la gestión que ha hecho el Govern para la creación de este fondo y los comuns apoyaron su legalidad.

Por su parte, desde el Gobierno español aseguraron que analizarán el dictamen del Consell de Garanties y que también lo hará la Abogacía del Estado “a los efectos de preparar su informe jurídico”, que le solicitó el Tribunal de Cuentas.

Borràs y Cs a las bravas por el apoyo a Torrent La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, se enzarzaron ayer en el pleno después que la de Junts defendiera la declaración aprobada el miércoles en apoyo a la anterior Mesa de la Cámara citada por el Superior de Justicia de Catalunya. La tensión acabó con dos llamadas al orden y el micrófono del diputado cortado.