Encuentro a dos bandas

El Gobierno español y la Generalitat reactivarán mañana la Comisión Bilateral con un encuentro en Madrid al que el Executiu acudirá con el propósito de desencallar 56 traspasos pendientes a Catalunya y obtener más recursos para prestaciones sociales e infraestructuras. No está previsto entrar en reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación, cuestiones que piensa plantear en la mesa de diálogo, prevista para mediados de septiembre.

En este encuentro, el primero que se celebra desde el pasado 1 de agosto de 2018, cuando Quim Torra todavía estaba al frente de la presidencia, el Govern también quiere incidir en la “gestión descentralizada” de los fondos europeos, uno de los temas abordados en la Conferencia de Presidentes del viernes, a la que no acudió el president, Pere Aragonès. No obstante, fuentes del Ejecutivo central alertan de que la Comisión Bilateral no es el foro en el que negociar los fondos europeos, un asunto que precisamente se tratará el mismo lunes a nivel autonómico en una comisión sectorial, si bien las fuentes admiten que no podrán evitar que la Generalitat saque el asunto.

En el encuentro se dejarán fuera reivindicaciones políticas como la amnistía o la autodeterminación

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que sustituyó en el cargo a Miquel Iceta tras la reciente remodelación del Gobierno, liderará la delegación del mismo. Por su parte la catalana estará presidida por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto con el vicepresident, Jordi Puigneró, y el conseller de Economía, Jaume Giró, además de la delegada de la Generalitat en Madrid, la leridana Ester Capella. En los últimos días, las consellerías y los ministerios involucrados han hecho un trabajo previo para perfilar los posibles acuerdos en temas sociales, económicos, de infraestructuras, de conflictos de competencias y de protección de la lengua catalana.

Consciente de que en una sola reunión será imposible resolver todas las cuestiones sobre la mesa, el Govern aspira a cerrar mañana un “calendario de trabajo” para otoño, con el fin de que en los próximos meses se puedan materializar los traspasos.

Entre las cuestiones prioritarias figuran la regulación catalana de alquileres de viviendas, el traspaso de recursos del Ingreso Mínimo Vital o la protección de la lengua catalana en el proyecto de ley estatal del audiovisual. Además, el Executiu reclamará también la “deuda de 3.800 millones de euros” por los “incumplimientos continuados” de la disposición adicional tercera del Estatut, que prevé inversiones del Estado en infraestructuras en Catalunya, y más recursos para Cercanías.

Cambio de situación

Desde el último encuentro, la situación política ha cambiado. La presidencia de la Generalitat ha pasado de JxCat a ERC, aunque los dos socios siguen compartiendo el Govern, y los nueve presos del 1-O han salido de la cárcel gracias al indulto concedido por el Gobierno en junio.

Además, los republicanos quieren imprimir un pragmatismo en la gestión del Govern y necesita evidenciar que la vía de la negociación con el Estado va dando sus frutos, con avances al menos en cuestiones del día a día, ante un JxCat que ya ha mostrado su escepticismo ante los acuerdos que se puedan alcanzar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Crispación entre los partidos por la Conferencia de Presidentes

Las Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en Salamanca siguió provocando ayer críticas y reproches entre los partidos por los temas tratados y por la ausencia catalana.

El líder del PP, Pablo Casado, afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tomo el pelo” a las comunidades “vendiéndoles” que les cederá el 55% de los fondos de la UE en 2021, cuando eso “ya lo anunció hace diez meses en los Presupuestos Generales del Estado”. Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, afeó la actitud de “crispación y bloqueo” de los populares durante la reunión, “al querer tratar de impedir la llegada de acuerdos o consensos”.

Mientras, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, afirmó que en Catalunya el “separatismo se cree impune” porque Sánchez “se lo permite” con sus múltiples “concesiones”.

Por otro lado, el líder del PSC, Salvador Illa, criticó la ausencia de Pere Aragonès en el encuentro, a la vez que le exigió asistir a esos actos para dar voz a Catalunya y le pidió proponer que la siguiente sea en Barcelona.

Puigneró no confía en que la mesa de diálogo sobreviva los dos años

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, se mostró ayer muy escéptico con la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, prevista para mediados de septiembre, y advirtió de que, si no hay “avances” en la resolución del conflicto catalán, “es evidente” que esta “no durará dos años” (un margen que pactaron ERC y la CUP).

Asimismo no descartó retomar la vía unilateral si el Estado se cierra en banda a negociar sobre las dos grandes reivindicaciones del independentismo: amnistía y autodeterminación. “Uno de los socios del Govern de coalición decidió que quería hacer esta apuesta por la mesa de diálogo.

Nosotros hemos aceptado estar y participar en ella, con mucha desconfianza, vistos los resultados en el pasado”, afirmó Puigneró, principal voz de JxCat en el Govern.

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