Aragonès desliga los avances en la cumbre bilateral de la independencia y la amnistía

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, separó ayer los avances logrados en la comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunió el lunes de las reivindicaciones en favor de la autodeterminación de Catalunya y la amnistía para los encausados y condenados por el procés. Mientras tanto, Sánchez subrayó su voluntad de cumplir los compromisos que Moncloa tiene pendientes con Catalunya y de desplegar el Estatut.

Así las cosas, a mes y medio de que se reúna por segunda vez la mesa de diálogo entre los Ejecutivos catalán y español, Aragonès dejó claro que los logros alcanzados en la comisión bilateral Estado-Generalitat del lunes, como el traspaso de la gestión de las becas, no son “moneda de cambio” para “renunciar” a la autodeterminación y la amnistía.

Aragonès, además, reveló que estará presente en este segundo encuentro de la mesa de diálogo y destacó que la Generalitat acudirá a la cita “habiendo recuperado la fortaleza institucional”. Y es que para el republicano, los meses que lleva como president han servido para impulsar un “cambio de tendencia evidente”.

Así, a su entender, se han robustecido las instituciones catalanas, diezmadas por la “represión” durante la etapa anterior.

Aun así, Aragonès reconoció que la negociación con Madrid será “compleja y difícil” y se conjuró para conseguir que, finalmente, los catalanes “decidan libremente como país”. Por el contrario, Sánchez puso el foco en el despliegue total del Estatut para mejorar el autogobierno catalán.

Así, tras verse con el rey en Marivent, manifestó su voluntad de cumplir con los compromisos que el Estado tiene pendientes con Catalunya.

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Ante este escenario, el vicepresident, Jordi Puigneró, que el lunes participó en la comisión bilateral, insistió en que el plazo para el desarrollo de la mesa de diálogo será inferior a los dos años pactados por ERC, JxCat y la CUP si no hay avances y la negociación acaba por bloquearse. Sin embargo, no quiso adelantar acontecimientos y, en declaraciones a Catalunya Ràdio, indicó que “el éxito o el fracaso de la mesa dependerá de los hechos”. Aun así, añadió que la primera reunión de este foro, creado en base a un acuerdo entre socialistas y ERC en enero del año pasado para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo español, no fue más que una “fotografía”. Y es que la mesa de diálogo, de momento, solo se ha reunido en una ocasión, a finales de febrero de 2020 en Moncloa. También reiteró su desconfianza en relación con las negociaciones con el Estado la CUP. Así, Mireia Vehí, diputada cupaire en el Congreso, advirtió que Catalunya no necesita más competencias. “Necesitamos más soberanía”, sentenció, y lamentó que siempre terminen recurridas ante el Tribunal Constitucional las leyes del Parlament que “estiran un poco los límites de la Constitución”. Además, acusó a ERC y a JxCat de mantener una “mirada cortoplacista”. Entretanto, José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP y alcalde de Madrid, exigió a Sánchez que pida a Aragonès que se “comprometa” con el Estado de Derecho.

El acuerdo cerrado el lunes entre la Generalitat y el Estado para ampliar el aeropuerto de El Prat, conectando mediante AVE sus instalaciones con las de Girona y de Reus, provocó ayer un torrente de reacciones encontradas, con voces críticas en el entorno de ambos Ejecutivos. Y es que la prolongación de la tercera pista de El Prat y la construcción de una terminal satélite no gusta a los comunes, socios del PSOE en Moncloa, ni a las juventudes de ERC ni tampoco a la CUP, de la que depende la gobernabilidad en Catalunya.

Así las cosas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamó una “rectificación” y lamentó “profundamente” que se haya actuado en esta cuestión “de espaldas a la ciudadanía”.

También la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, se preguntó cómo casa este proyecto con el pacto para luchar contra la emergencia climática. Sin embargo, el president, Pere Aragonès, les replicó que aprovechen que su partido está sentado en el Consejo de Ministros para mejorar el acuerdo alcanzado entre Catalunya y España.

El vicepresident, Jordi Puigneró, por su parte, se comprometió a que El Prat ser “el aeropuerto más verde de Europa” y no descartó vetar en el futuro el acceso al mismo de las aeronaves más contaminantes.

Y es que este es el principal argumento de las voces críticas a la ampliación. Mireia Vehí, diputada de la CUP en Madrid, deslizó que no todo el Govern catalán está de acuerdo con la ampliación y animó a las voces “disidentes” a pronunciarse. “Lo tenemos que parar”, advirtió.

También Greenpeace o SOS Baix Llobregat se pronunciaron en este sentido, pero el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que es una obra necesaria para que Catalunya “se recupere a un ritmo mayor”. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, por su parte, confió en que las obras de El Prat, que costarán 1.700 millones, acaben hacia 2030.

Presidencia asume la defensa jurídica de los Mossos, que estaba en Interior El Govern aprobó ayer el traspaso del área penal de los servicios jurídicos de la Generalitat de la conselleria de Interior al gabinete jurídico central de Presidencia.

De esta forma, la defensa de los Mossos d’Esquadra en procedimientos penales será pilotada desde la jefatura de la Generalitat y no, como hasta ahora, desde el departamento de Interior. Según la administración catalana, este cambio permitirá una “mayor coherencia” en la defensa de la Generalitat a servidores públicos, unificando los criterios de protección y defensa de los agentes y del resto de trabajadores públicos.

Por otro lado, el Govern también certificó la disolución de la guardia presidencial instaurada en enero de 2019 por Quim Torra, que entonces ostentaba la presidencia de la Generalitat.

Esta área de seguridad institucional va a ser reemplazada por una división de escoltas que, según el Govern, comportará una mayor eficiencia en el uso de los recursos.