?PROCÉS? POLÉMICA
El Abogado del Estado alerta de que no debe opinar sobre el aval del ICF
Considera que existe “riesgo de nulidad” del proceso si elabora el informe solicitado por el Tribunal de Cuentas || Moncloa dice que es una cuestión “técnica”
Agentes de Policía custodian la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, en una imagen de junio.
El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, duda sobre si ha de pronunciarse acerca de la legalidad de los avales asegurados por el Institut Català de Finances (ICF) en la causa que este órgano administrativo sigue contra 34 ex altos cargos de la Generalitat por su presunta responsabilidad contable en los gastos de promoción del procés en el extranjero. Así lo adelantó ayer la prensa de Madrid, que añadió que García Monteys ha elevado una consulta a Consuelo Castro, abogada general del Estado, a fin de que se manifieste sobre la conveniencia o no de emitir el informe que, en este sentido, le ha reclamado el Tribunal de Cuentas.
Según el documento remitido por García Monteys a Castro, el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas expresa que la confección del informe que se le ha encargado sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales del ICF para ex cargos de la Generalitat puede plantearle un “conflicto de intereses” por ser, a su vez, parte en este procedimiento los Servicios Jurídicos del Estado.
De esta forma, advierte del “riesgo de nulidad” del procedimiento si se “rompe el equilibrio” entre las partes. Y es que subraya que el inicio del procedimiento, en el que se acusa a 34 ex dirigentes catalanes de malgastar 5,4 millones de euros en la promoción exterior del procés, fue consecuencia de un informe emitido por la Abogacía del Estado en el que, como en el caso del emitido por el Ministerio Fiscal, se ponían de manifiesto una serie de hechos contenidos en un informe de fiscalización del pleno del Tribunal de Cuentas “que por su contenido y efectos podrían constituir supuestos de responsabilidad contable”.
Con todo, la duda de García Monteys pasa por “si es posible ejercer la función consultiva en relación concuestiones que se suscitan en procedimientos en los que la Abogacía del Estado interviene como parte, habiendo evacuado trámites en los que ha promovido la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables”.
Tras trascender el documento, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, acusó a Moncloa de forzar a la Abogacía del Estado a “mirar a otro lado” ante unos avales que, a su entender, constituyen un “fraude de ley”. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que el aval del ICF a las multas del Tribunal de Cuentas es una cuestión “técnica” y no se pronunció sobre ella.
