La Generalitat pide al Estado liberar el túnel del Cadí y el resto de los peajes de Catalunya

La Generalitat pedirá al Estado que, tras suprimir los peajes de la AP-2 y la AP-7 al expirar sus concesiones el próximo miércoles, los elimine también en el túnel del Cadí y el resto de vías de pago que quedarán en Catalunya, todas ellas propiedad del Govern. Así lo explicó ayer el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Jordi Puigneró, que calculó que esto supondría un coste de 1.500 millones de euros para indemnizar a las concesionarias.

La concesión del túnel del Cadí, que la Generalitat otorgó en 2012 a un grupo de empresas liderado por Abertis, no expira hasta 2037. También están en vigor las de los túneles de Vallvidrera y tramos de la C-16 y C-32. Puigneró afirmó que las autopistas catalanas están “más que amortizadas” y que es necesario terminar con un “evidente agravio comparativo”. Consideró que la cantidad que piden para indemnizar a concesionarias es “asumible” para el Estado. “Equivale al 10% del déficit fiscal que sufre Catalunya cada año”, señaló, y recordó que rescatar las autopistas radiales de Madrid costó más de 3.000 millones en 2018.

Además de estas cuatro carreteras de pago, otras seis tienen peajes a la sombra, por las que la Generalitat paga una cantidad fija por cada vehículo. Una de ellas es el Eix Transversal (C-25) entre Lleida y Girona.

Por otra parte, Puigneró exigió al Estado que aclare cuál será su modelo para financiar el mantenimiento las vías de alta capacidad. La Generalitat ha apostado en los últimos años por la viñeta, una tarifa plana de entre 40 y 110 euros al año, aunque Puigneró puntualizó que no cierran la puerta al “pago por uso”. Además, insistió en reclamar al Gobierno español a que traspase la gestión de estas vías estatales a la Generalitat para optimizar su gestión.

“Los catalanes hemos estado pagando estas carreteras durante años y entendemos que tienen que ser nuestras”, argumentó. Afirmó que tener una única administración como titular facilitaría la gestión y que, de este modo, “podemos desarrollar el modelo de futuro que queremos para nuestras vías de alta capacidad”. Tanto el Estado como la Generalitat plantean que la AP-2 y el resto de ellas vuelvan a ser de pago en los próximos años.

El final del peaje en lleida

Impulso industrial para Lleida. La Cámara de Comercio pide que ayuntamientos, Diputación y Generalitat busquen ubicaciones para nuevo suelo industrial tras el fin del peaje y remarca la necesidad de más accesos a la AP-2 (como avanzó SEGRE el domingo)

Incertidumbre en restaurantes. Establecimientos situados a pie de la N-240 afrontan con incertidumbre el fin del peaje en la AP2. Responsables del restaurante Torrent de Juneda consideran que la repercusión se puede notar en viajeros esporádicos.

Volver a pagar por circular. El Estado planteó en su plan de recuperación que en 2024 se tendrá que pagar por circular por autopistas y autovías. Por su parte, la Generalitat apuesta por la viñeta sin cerrar la puerta al pago por uso.

Casi 350.000 euros para derribar en Lleida las taquillas de la autopista

El derribo de los puntos de peaje en la AP-2 a su paso por Lleida supondrá una inversión de 347.800 euros. Así consta en los pliegos del concurso para la nueva explotación de la autopista, que establecen que se deberán demoler las casetas en los accesos de Lleida, Soses, Les Borges Blanques y L’Albi.

Además de la AP-2, este martes también expiran las concesiones de la AP-7 entre Tarragona y La Jonquera y de la C32 norte y C-33. Por ello, el Estado y la Generalitat prevén destinar un total de 25,9 millones para desmontar los peajes en estas carreteras. El mayor presupuesto es para el peaje de la AP-7 Maçanet de la Selva, con 1,92 millones. Le sigue la salida de Vila-seca, con 1,4 millones, que incluyen la construcción de una glorieta para reordenar el trazado por valor de 891.400 euros.