La ampliación de El Prat tendrá que esperar por lo menos cinco años

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), el plan que fija las líneas maestras para el sector aeroportuario español entre 2022 y 2026, sin que en el texto se incluyera la ampliación de El Prat. Así, la extensión de la tercera pista del aeropuerto de Barcelona, en la que se pensaban invertir 1.700 millones de euros, tendrá que esperar al menos cinco años más. El Gobierno central suspendió la inversión a este proyecto después de que el Govern, tras varias discrepancias entre ERC y Junts, asegurara que no apoyarían la ampliación si no se respetaba el espacio natural de La Ricarda, protegido por la red europea natura 2000.

Pese a todo, habrá dinero para El Prat y otros aeropuertos catalanes. Pero el documento se limitará a las inversiones ordinarias ya previstas para su mejora y mantenimiento, unos 250 millones de euros, en cinco años, de los 2.250 previstos en el plan. La nueva inversión, en cambio, sí que incluye una partida para la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas.

Pese a que algunos grupos, como el PDeCAT, siguen presionando y que el lunes se aprobó en el Congreso una proposición no de ley para pedir que se siga negociando la ampliación de El Prat, desde la Generalitat insistieron en que esta solo se llevará a cabo siguiendo criterios medioambientales y sin tocar La Ricarda.

Por su parte el president, Pere Aragonès, aseguró ayer en el debate de política (más información página 17) que el Govern trabajará en su “propio modelo” aeroportuario.

Ante la situación, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, censuró al Executiu por desaprovechar la ocasión e insistió en que la inversión es “clave” para la recuperación, ya que “crea riqueza y puestos de trabajo”. Para él, es desastroso que debido a “desacuerdos” se haya dejado escapar la oportunidad de crear 300.000 empleos y un impacto de 5.000 millones de euros en el PIB catalán. El presidente de la patronal también criticó los “impuestos ideológicos” de Catalunya, como el de sucesiones o el de patrimonio asegurando que debido a ello la Generalitat “mete un pozo el motor económico de España”.