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El Tribunal Supremo pide al tribunal de Cerdeña que entregue a Puigdemont

El magistrado del Supremo afirma que la cuestión prejudicial no suspende las órdenes de detención

Puigdemont, ayer en una comisión de la Eurocámara en Bruselas.

Puigdemont, ayer en una comisión de la Eurocámara en Bruselas.ACN

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El magistrado instructor de la causa del proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado este jueves un nuevo oficio al Tribunal de Apelación de Sassari en que insiste en que la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está "activa". Llarena pide a la justicia italiana la entrega de Puigdemont para poder continuar con el procedimiento contra él en el Estado español y remarca que actualmente el expresidente no tiene inmunidad parlamentaria como diputado del Parlamento Europeo.

En el oficio, el magistrado reitera que "la vigencia de la orden europea de detención no se suspendió por el planteamiento de la cuestión prejudicial" en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "La orden de prisión y la euroorden siguen en vigor", afirma Llarena, que argumenta que tienen "una indiscutible naturaleza cautelar" y que, según las recomendaciones del TJUE, este tipo de decisiones no están sometidas a un régimen de suspensión obligatoria sino que depende de lo que decida el órgano jurisdiccional nacional.

"Después de la presentación de la cuestión prejudicial, este magistrado instructor, en ejercicio de la potestad jurisdiccional recogida en la recomendación 25, no ha emitido ninguna decisión que modifique o que suspenda la medida cautelar", dice Llarena. Además, defiende que la cuestión prejudicial "no afecta a la validez de la medida cautelar de prisión o de busca y captura" sino que "está referida a la interpretación del derecho de la Unión sobre determinados aspectos por los cuales la colaboración judicial puede ser denegada entre Estados miembros".

"Desajuste de información"

Sobre el hecho de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) emitió una resolución donde daba por hecho que la euroorden contra Puigdemont no estaba activa, Llarena sostiene que hubo un "desajuste de información" con la Abogacía del Estado, que explicaría la "incorrección sobre la vigencia de la euroorden. "Nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las órdenes europeas de detención, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca", afirma el magistrado.

Posibles escenarios

Llarena pide la entrega del expresidente, pero plantea a la justicia italiana que, si Puigdemont obtiene del TGUE la medida cautelar de suspender la retirada de la inmunidad decidida por el Parlamento Europeo, deje en suspenso el proceso de ejecución, pero adopte las medidas precisas para una entrega efectiva cuando deje de tenerla.

En otro escenario, en caso que el juez de Sassari quiera esperar a la resolución de la cuestión prejudicial si entiende que "puede afectar a su propia decisión", Llarena dice que paralice la ejecución hasta que el TJUE se pronuncie. Llarena admite que este es el caso del procedimiento de ejecución de la euroorden en Bélgica, pero defiende que "este procedimiento de entrega es hoy por hoy el único procedimiento incidental que está condicionado por la interpretación que pueda ofrecer el TJUE".

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