La Fiscalía se inclina por archivar las tres investigaciones abiertas contra Juan Carlos I

La Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene intención de prorrogar las diligencias que asumió en junio de 2020 para investigar las irregularidades patrimoniales del rey emérito y se inclina por archivar las diligencias de investigación en torno a él y la finalización de las pesquisas.

Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido antes de 2014, cuando el monarca aún no había abdicado y por tanto era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros. Así pues, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción estarían preparando un “amplio documento” para razonar su decisión de archivar las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, según adelantó ayer el diario El Confidencial.

La Fiscalía Anticorrupción y la del Supremo, que trabajan en el caso desde hace dos años y no tienen intención de prorrogar más las diligencias que vencen en diciembre, investigan a Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte del exjefe del Estado y otros familiares de tarjetas de crédito opacas financiadas con de fondos de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krauss, a través de un testaferro; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Según la información del citado medio, el equipo de fiscales, dirigido por Juan Ignacio Campos, no considera preciso ampliarlas porque, salvo que surjan nuevas evidencias, no tiene indicios suficientemente sólidos como para presentar una querella contra el monarca. La investigación, no obstante, podría reabrirse si aparecieran en un futuro.

Se le investiga por cobro de comisiones del AVE a la Meca, por una cuenta en Jersey y por tarjetas opacas

El único delito que no ha prescrito y cometido después de 2014 sería en de las tarjetas opacas, y ante esto el Ministerio Público argumenta que, debido a que el emérito presentó dos regularizaciones ante la Agencia Tributaria en diciembre de 2020 (por el dinero donado por el empresario mexicano) y en febrero de 2021 (por los regalos en forma de viaje de la fundación Zagatka), que a su parecer son legales, impiden, por tanto, la actuación penal. Pese a esto, Hacienda abrió en mayo una investigación para determinar si estas dos regularizaciones tendrían validez.