El Tribunal de Cuentas rechaza los avales del Govern y ordena embargar a los encausados

El Tribunal de Cuentas rechazó ayer los avales de la Generalitat, que impulsó a través del Institut Català de Fiances (ICF), para pagar las fianzas impuestas a los exaltos cargos del Govern al que el organismo fiscalizador les reclamaba 5,4 millones de euros por la acción exterior entre el 2011 y el 2017.

Los avales ahora rechazados cubrían la responsabilidad contable de 28 de los 34 encausados, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell. El Tribunal de Cuentas argumenta que su decisión se basa en que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración “que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros”.

Con esta decisión, la instructora de la causa, Esperanza García, abrió también el procedimiento para iniciar de manera inmediata “el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales”.

El fondo recibió en su día el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Catalunya..

Artur Mas denunció tras conocer esta decisión que esto le deja a él y a los otros encausados en una situación de “indefensión total” porque el órgano fiscalizador les ha dejado sin margen para presentar otro tipo de avales.

El expresidente de la Generalitat explicó que él ya ha presentado su casa para cubrir su parte de la fianza, pero matizó que no sabe si esta será aceptada por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, otro de los afectados, Oriol Junqueras, lamentó que “dos años después de la sentencia por el 1-O la persecución contra el independentismo persista y se intensifique, ahora embargándonos, incluso, las casas donde viven nuestros hijos”.El Govern, que está analizando la decisión del órgano fiscalizador para comprobar que se trata de una decisión “jurídica y no política”, insistió en defender la “legalidad” de los avales gestionados a través del ICF, ya que para ellos son un “mecanismo jurídicamente fuerte”.

El conseller de Economía, Jaume Giró, no obstante, calificó la resolución de una “decisión política con ánimo de venganza” y anunció que el Executiu catalán presentará un recurso contra ella porque los avales del ICF son, según él, “legales y están plenamente vigentes”.

En esta misma línea se expresó el president, Pere Aragonès, que acusó al tribunal de estar politizado y controlado por el PP, y criticó que con su decisión “continúa la venganza de la causa general, ahora intentando arruinar a las familias de los represaliados”..

Puigdemont exige dejar al margen su situación en la mesa de diálogo

El expresident Carles Puigdemont rechaza la posibilidad de obtener “un indulto anticipado” y pide que su situación personal ante la justicia “no forme parte de ninguna agenda en la denominada mesa de diálogo acordada por ERC y el Gobierno español ni de ninguna conversación bilateral”.Ayer cuando se cumplían dos años de la sentencia del procés, en el que los impulsores del 1-O fueron condenados a penas que sumaban 100 años de prisión, el expresident publicó un artículo en El Punt Avui en el que exigió “respeto” sobre su situación frente a la justicia, y en un guiño a ERC matizó que “también a mi gobierno por si ha tenido o tiene la tentación de incluir esta ‘salida personal’ en las conversaciones que mantiene con el gobierno español”.

“Ni buscamos ningún indulto anticipado ni creemos que esta opción aporte ninguna solución al conflicto, y por descontado tampoco a las más de tres mil personas afectadas por la represión”, afirmó. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, justificó la posición del expresident alegando que “el conflicto no es Carles Puigdemont, es cómo se ejerce el derecho a la autodeterminación”.

Asimismo, desde Moncloa negaron haber hecho ningún gesto para facilitar su extradición..

El Supremo prevé resolver antes de mayo los recursos sobre los indultos

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa siete recursos que piden revocar los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados a prisión por el 1-O, una cuestión que si se cumplen y agotan los plazos previstos por la legislación prevé resolver entre los meses de marzo y abril del próximo año.

El pasado 22 de septiembre se cumplió el plazo límite de dos meses para recurrir la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de conceder la medida de gracia a los nueve condenados en prisión, un asunto que solo puede anular el Tribunal Supremo. Entre los recurrentes figuran organizaciones como Convivencia Cívica Catalana o partidos como Vox y PP.

El TC ordena investigar posibles torturas a un menor

El Tribunal Constitucional ha ordenado aceptar la querella de un menor detenido ante la Jefatura de Vía Laietana durante las protestas contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019, con la que denunció a ocho agentes de la Policía Nacional por los presuntos delitos de torturas, lesiones leves, contra la integridad moral y contra las garantías constitucionales.

Por otro lado, El fotógrafo del diario El País Albert García, para quien la Fiscalía pide 9 meses de prisión por empujar a un policía cuando cubría los disturbios contra la sentencia del procés, negó durante el juicio que se celebra contra él que agrediera al agente y alegó que fue este quien lo golpeó mientras trabajaba..