Los directivos del Proyecto Castor niegan que la empresa provocara los terremotos

La Ciudad de la Justicia de Castellón albergó ayer la primera de las once sesiones previstas del llamado ‘Caso Castor’, que determinará la responsabilidad de los acusados –los dos directivos de la empresa Escal UGS, adjudicatoria del proyecto, a quienes la Fiscalía pide 6 años de cárcel y una condena a la empresa para que nunca más pueda realizar actividades en el subsuelo– por los terremotos causados supuestamente por la inyección de gas en la plataforma Castor, ubicada en la costa de Vinaròs (ver desglose). José Luis Martínez Dalmau, quien fuera consejero delegado de Escal UGS, afirmó que se realizó un análisis de todos los riesgos y que era conocedor de la sismicidad que se podía producir antes de que se iniciase la inyección de gas. También apuntó que si no se hubiese decretado la paralización de la inyección de gas, probablemente “se hubiese podido seguir con mayor monitorización”.

Por otra parte, el expresidente de Escal UGS, Recaredo del Potro –que actuó también como asesor y representante ante la Administración–, admitió que también conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad, aunque apuntó que otros almacenes habían experimentado terremotos y seguían funcionando “con normalidad”. “El problema principal son las presiones que se ejercen en el subsuelo, por lo que encargamos estudios sobre la presiones, el último de ellos en 2011, a pesar de que no teníamos obligación específica de hacerlo”, dijo, subrayando que si no existían presiones superiores a 49 bares, “no había riesgo”, y que los niveles de presión establecidos por el Instituto Francés del Petróleo no se superaron, ya que “el almacén registró presiones de 7 u 8 bares cómo máximo”. “Con la inyección nunca se puede aumentar la magnitud de un movimiento sísmico, la magnitud es la que da la naturaleza”, finalizó.

En la sesión inaugural también declararon cuatro antiguos miembros del consejo de administración de Escal. El más significativo, Juan Cristóbal González –que además fue directivo financiero de la parte industrial–, aseguró que en “mi experiencia de 500 proyectos financieros no he conocido uno en el que se revisara todo con más minuciosidad”.

Un proyecto nada rentable y dañino para el medio ambiente

El juicio a los dirigentes, que se celebra para depurar responsabilidades por los daños causados a 123 afectados y por delitos contra el medio ambiente, fue una concesión otorgada en 2008 para la construcción del mayor almacén subterráneo de gas natural en España, en un antiguo campo petrolífero marino en las costas de Vinaròs.

Dicha concesión fue aprobada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En septiembre de 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ordenó paralizarlo por estar relacionado con centenares de movimientos sísmicos en la zona. En 2014 se puso fin a la concesión de la obra y se decidió indemnizar a la empresa constructora, Escal UGS, que estaba participada mayormente por la ACS, sociedad fundada por Florentino Pérez.