Los socios del Gobierno de coalición no logran acercar posturas sobre la reforma laboral

Los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, se reunieron ayer con el objetivo de tratar de resolver la gran disputa abierta en el Ejecutivo por la reforma laboral, no obstante tras casi dos horas de reunión ambos partidos no lograron llegar a un consenso. Este encuentro, solicitado por formación morada, llegó tras denunciar la supuesta “injerencia” de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la negociación que lleva a cabo el ministerio de Trabajo para la derogación de la reforma laboral. Fuentes del Partido Socialista aseguraron que el debate fue “constructivo y con buen tono”, y desde Unidas Podemos sostuvieron que “se seguirá negociando”, ya que no han llegado a un “consenso sobre reforma laboral”.

Ambas partes coincidieron en que tienen que seguir hablando del tema.Horas antes de la reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que admitió que la coalición está atravesando un momento delicado, criticó que “hay una parte del Gobierno” que “no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales” y pidió al PSOE que se “aclare” porque están dando “declaraciones contradictorias”. A su juicio, las diferencias entre los socios de Gobierno a este respecto “no son por el quién lidera” la negociación, en referencia a la ministra de Economía, sino de “qué vamos a hacer en la principal reforma de mercado de trabajo de nuestro país”. Y es que, mientras que Calviño aboga por derogar los elementos “más lesivos” de la reforma laboral del PP, Díaz apuesta por acabar al completo con la norma, tal como está estipulado en el acuerdo de coalición.

En este sentido, Podemos también aseguró que no “no permitirá” que el PSOE pilote una reforma laboral “al servicio de la patronal”. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su parte, volvió a cerrar ayer filas con Calviño y afirmó que “todo” el Gobierno está comprometidos con la “modernización” de la legislación laboral y en hacerlo con consenso y diálogo para evitar lo que ocurrió con las reformas laborales de los años 2011 y 2013, que “rompieron el diálogo social”. Ya el domingo, Sánchez, defendió a la titular de Economía de las acusaciones de “injerencia” de los dirigentes de Podemos, aclarando que la reforma laboral, una de las leyes más importantes para el Gobierno, tiene un marcado “carácter estructural” que afecta “hasta a cinco ministerios”: Trabajo, Economía, Seguridad Social, Educación y Hacienda y “todos” tienen que aportar, coordinarse, acordar y dar “su visión”.La mesa que se reunió ayer se creó al principio de la legislatura para limar las diferencias que surgieran entre los socios

Trabajo pide tumbar la reforma del PP y Economía opta por reformar los artículos más lesivos

El secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez, dio ayer la razón a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, en el conflicto que enfrenta a los socios del Gobierno de coalición, por la retirada de la condición de diputado del hasta ahora representante de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Supremo por pegarle una patada a un policía durante una protesta en 2014.

En un escrito que el secretario dirigió a la presidenta, los servicios jurídicos del Congreso afirman que el Tribunal Supremo interpreta que la pena privativa de libertad impuesta en origen al ya exdiputado de Podemos “no pierde la naturaleza por el hecho de haber sido sustituida “por una multa”. Por ello, “y como consecuencia necesaria”, afirma el secretario general, “debe entenderse que opera la causa de incompatibilidad sobrevenida” prevista por la normativa vigente. Este aval llegó después de que Rodríguez enviara un requerimiento a Batet solicitándole que aclare el motivo por el que procedió a su sustitución como diputado “sin procedimiento previo alguno” para privarle de su escaño, y si esa decisión fue “personal”.

El ya exdiputado de Podemos le preguntó también cuándo y mediante qué resolución adoptó la medida de retirarle el escaño, y qué base legal sirve de apoyo para “transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo en una de privación del acta de diputado”.Mientras, las dos formaciones del Ejecutivo de coalición siguieron ayer a la greña por esta cuestión, además de por la reforma laboral. Podemos pidió a la presidenta del Congreso que dimitiera “por dignidad” al entender que lo que ha hecho el juez del Supremo, Manuel Marchena, como lo que ha “perpetrado” Batet al retirar el escaño al diputado morado “atenta contra la democracia y la separación de poderes”. Por su parte, el PSOE vio inexplicable que su socio de Gobierno exija la dimisión de Batet por cumplir con una resolución judicial y trasladó todo su apoyo a la presidenta del Congreso.

El PP avisa que luchará para que no se derogue

El presidente del PP, Pablo Casado, avisó ayer al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que su partido llegará “hasta el final” en Europa para que se mantenga la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, que ha sido “clave” para crear tres millones de empleos e impulsar los ERTE en la pandemia. Además, advirtió que el Ejecutivo debe tener en cuenta a los empresarios porque el diálogo social es el “condicionante” que fija la UE para la recepción de los fondos europeos. Según Casado, Bruselas “deja muy claro que las modificaciones de las leyes laborales se tienen que hacer de acuerdo con los empresarios y dirigidas a una flexibilidad del mercado de trabajo para crear empleo”.

El líder popular recordó a Sánchez que la subida del salario mínimo se acordó sin el consenso de los empresarios y que la CEOE tampoco ve con buenos ojos “derogar” la reforma de 2012.