ERC y CUP rechazan blindar a Borràs con el reglamento

ERC y la CUP se posicionaron ayer en contra de una propuesta lanzada por los letrados del Parlament para eliminar el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana, que hace referencia a la suspensión de los derechos de los diputados en caso de que se les abra juicio oral por un caso de corrupción. Este cambio podría beneficiar especialmente a la presidenta de la institución, Laura Borràs, que tiene una causa judicial abierta por presuntamente adjudicar contratos de forma irregular cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Esta cuestión volvió a generar tensiones entre los grupos independententitas.

Tanto ERC como la CUP, al igual que los partidos de la oposición, se posicionaron en contra de eliminar el citado artículo al considerar que es un vestido hecho a medida para Borràs. La portavoz de los republicanos, la leridana Marta Vilalta, defendió que no se pueden eliminar los instrumentos que sirven para luchar contra la corrupción y exigió a su socio de gobierno que no ponga las instituciones al servicio de personas concretas. Por su parte la formación anticapitalista criticó que los letrados de la Cámara fueran “mucho más allá de lo que les corresponde” porque el cambio que proponen va “mucho más allá de cuestiones técnicas” y añadieron que, en todo caso, esta reforma debe abordarse desde una ponencia conjunta en la que los grupos parlamentarios puedan posicionarse.

Ante esto, desde Junts defendieron que los letrados del Parlament ven “inconstitucional” el artículo 25.4 del reglamento, por eso afirmaron que una vez lo hayan estudiado en profundidad tomarán las decisiones que correspondan.La Mesa del Parlament, por su parte, dejó en manos de los grupos la posibilidad de recoger la propuesta de reforma del reglamento y presentarla en comisión si lo consideran. La propuesta también obtuvo el rechazo del PSC, que acusó a Borràs de “extralimitarse en sus funciones”, de Cs, que acusó a la presidenta de querer “atornillarse a su escaño”, y del PP, que pidió su dimisión

Junts defiende que la propuesta de los letrados es debida a que consideran la norma “inconstitucional”