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POLÍTICA REFORMAS

Límites a la retención por la policía y multas por renta, novedades en la ley mordaza

Pactadas por PSOE y Podemos en la reforma de la norma que aprobó el PP en 2015 || Las manifestaciones dejarán de necesitar de comunicación previa, cambios que critican los sindicatos policiales

Casado durante uno de sus enfrentamientos con Sánchez ayer en la sesión en el Congreso.

Casado durante uno de sus enfrentamientos con Sánchez ayer en la sesión en el Congreso.EUROPA PRESS

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PSOE y Unidas Podemos presentaron ayer una cincuentena de enmiendas a la proposición de ley del PNV para reformar los aspectos más lesivos y polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, aprobada en 2015 por el PP con su mayoría absoluta. Entre las modificaciones más sustanciales demandan una reducción de las multas en función de los ingresos del sancionado con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con rebajas de hasta el 50% para aquellos que no perciban más de 1,5 veces el SMI o en el caso de que hay pago voluntario. También abogan porque dejen de considerarse delito las manifestaciones que no han sido comunicadas y que respondan a una rápida expresión en las calles ante un acontecimiento de repercusión social, como, por ejemplo, lo sucedido en las protestas tras la sentencia de La Manada de Pamplona.

En este sentido se propone que aquellas no comunicadas frente al Congreso y similares, los desórdenes graves en vía pública, las barricadas, los escraches, impedir la ejecución de desahucios o las cundas, pasen a ser faltas leves y no sean sancionadas.También piden que deje de ser un delito el uso no autorizado de imágenes o datos de agentes de la autoridad siempre que esa difusión no “genere un peligro cierto para la seguridad de los agentes o ponga en riesgo el éxito de una operación”. Las dos formaciones han acordado de igualmente retoques en los tiempos de identificación en comisaría. No excederán de dos horas y se realizarán en “causa excepcional debidamente alegada y verificable”.

Además, una vez concluida “la persona identificada deberá ser devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría”. También incluyen la obligación de los agentes de avisar “de manera clara” antes de intervenir para disolver concentraciones. Asimismo se urge a emplear en las protestas materiales antidisturbios “menos lesivos”, aunque finalmente no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Además de los comportamientos sancionables y los protocolos, que agrupan buena parte de las 51 enmiendas, PSOE y Podemos han alcanzado acuerdo en otros aspectos, el más polémico, las devoluciones en caliente, que, de progresar el texto, desaparecerá de la Ley de Seguridad, aunque no se quitará de la Ley de Extranjería. Ambos partidos también han presentado enmiendas por solitario. Podemos ha solicitado suprimir del apartado de sanciones graves la mera tenencia de plantas de marihuana.

La derogación de la Ley Mordaza se ha reactivado tras más de un año parada en su trámite parlamentario, pero las enmiendas de PSOE y Podemos ha indignado a los sindicatos policiales al creer que desproteje a los agentes.

Las multas se reducirán hasta un 50% si hay pago voluntario o se gana menos de 1,5 veces el SMI

Los socios del Gobierno critican a PSOE y Podemos que hagan designaciones que “les avergüenzan”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió ayer que no le gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional, en alusión velada a Enrique Arnaldo, pero aseguró que su Gobierno, es decir PSOE y Unidas Podemos, cumplirá con el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales. Estas declaraciones llegan después de que en los últimos días miembros de Podemos e incluso del propio partido socialista mostraran sus reticencias en torno a la idoneidad de aceptar al candidato escogido por el PP y hayan expresado que votaran a favor “con una pinza en la nariz”. La última en pronunciarse respecto a esto fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que criticó que los populares “no han estado a la altura” al elegir candidato, ya que consideró que Arnaldo “pone en riesgo” la independencia del Constitucional.

El hecho de que Arnaldo deba ser escogido “forzosamente” también ha generado rechazo entre los socios del Ejecutivo, como Más País o Esquerra REpublicana, que no ven comprensible el hecho de que tengan que tomar “decisiones que les avergüenzan” o de las que “se arrepentirán”. Con todo, si las cosas salen según lo previsto y nadie rompe la disciplina de voto, el Pleno del Congreso de los Diputados elegirá hoy a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Constitucional, incluido Arnaldo, y el Tribunal de Cuentas, así como al nuevo Defensor del Pueblo, que llevaba pendiente de renovación desde julio de 2017.

Enfrentamiento entre Gobierno y oposición por los pactos con la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, volvieron a engancharse ayer durante la comparecencia del primero en el Congreso para explicar último Consejo Europeo.

Sánchez, aseguró que España conseguirá una recuperación económica “rápida y justa” gracias a los fondos europeos “con o sin la ayuda de la bancada de la derecha”, a la que acusó de poner “palos en las ruedas”. Asimismo presumió de los acuerdos alcanzados con Bruselas, los cuales aseguró que son totalmente “transparentes”. No obstante, el líder de los populares lo acusó de exceso de “triunfalismo” ante el “drama social” del paro que vive España.

Asimismo lo acusó de intentar sacar adelante unos presupuestos que “nacen muertos” y le espetó que los socios europeos saben que el jefe del Ejecutivo “miente más que habla”. Ante esto Sánchez le respondió que sentía “vergüenza ajena” por sus críticas al Ejecutivo en el exterior y por su versión incierta sobre la gestión de la pandemia.

Marlaska defiende el proceso con el asesino de Lardero

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó ayer a PP y Vox de utilizar con fines partidistas el crimen del niño de Lardero, que se cometió cuando el presunto autor se encontraba en libertad condicional.

Ambos partidos responsabilizaron al ministro de la concesión del tercer grado al asesino, previo a la decisión judicial de ponerle en libertad condicional.

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