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JUSTICIA TRIBUNALES

El Gobierno concede el indulto parcial a Juana Rivas

Recupera la patria potestad de sus dos hijos y reduce la pena por sustracción || Su exmarido estudia recurrir al Supremo

Juana Rivas, en una imagen de archivo.

Juana Rivas, en una imagen de archivo.EFE / JORGE ORTIZ

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El Consejo de Ministros concedió ayer el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus dos hijos a su exmarido italiano, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesionarla y al que Rivas volvió a denunciar por maltrato en 2016. El Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses atendiendo “al interés del menor” y a las “circunstancias vitales en las que Rivas tuvo que afrontar las decisiones” por las que fue condenada. También acordó la conmutación de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad del menor por 180 horas de trabajo en favor de la comunidad.

En este sentido, Rivas alegó desde un principio que delinquió por un motivo “comprensible desde el punto de vista humano” como es “proteger a sus hijos”, y afirmó que se fue de Italia con ellos, llegando a permanecer un mes en paradero desconocido e incumpliendo las órdenes judiciales, “para huir del maltrato”.Según el ministerio de Justicia, el indulto queda condicionado a que Rivas no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años desde la publicación del decreto que concede la rebaja.Sin embargo, la defensa de Rivas estudia pedir la suspensión de la pena, que actualmente cumple en régimen de semilibertad en un Centro de Inserción Social (CIS) de Granada. Su abogado, Carlos Aránguez, destacó que se cumplen todos los requisitos previstos en la ley y añadió que lo “razonable” sería que el juez accediese a suspender la ejecución de los diez meses que le restan por cumplir.Paralelamente, el abogado en España de Arcuri, Enrique Zambrano, lamentó el fallo del Consejo de Ministros, una medida de gracia que, afirmó, “estudian recurrir al Tribunal Supremo”. Zambrano sostuvo que, con esta decisión, el Gobierno “ha despenalizado la sustracción de menores”, y reconoció sentirse “decepcionado” con el fallo.

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