Romeva niega haber malversado fondos para internacionalizar el 1-O

El exconseller de Exteriores Raül Romeva afirmó ayer ante el juzgado que en 2016 aprobó una subvención de 40.000 euros a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (Focir) porque todos los informes técnicos lo avalaban, incluidos dos que respaldaban la no concurrencia, es decir, que no era necesario realizar un concurso abierto porque las actividades subvencionadas solo las podía llevar a cabo la Focir, que no tiene ninguna entidad equivalente en Catalunya. Asimismo apuntó que esas partidas se aprobaron definitivamente cuando él ya no era conseller y estaba encarcelado por el 1-O. Romeva declaró como investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que indaga si el Govern malversó fondos públicos en la internacionalización del procés entre 2011 y 2017 mediante contratos a dedo y arbitrarios.

El exconseller contestó a las preguntas de todas las partes y afirmó a la magistrada que nunca se reunió con Focir y “no conocía los expedientes más allá de firmar la subvención”, y que una vez llegaban a él ya habían sido avaladas por varios informes técnicos. Si la causa llegara a prosperar, Romeva, condenado a 12 años de cárcel por el 1-O y ahora indultado, podría enfrentarse a una nueva pena de prisión.Junto a Romeva, estaba citado como investigado el exsecretario general de Exteriores, Aleix Villatoro, pero este se acogió a su derecho a no declarar alegando que está a la espera de una resolución judicial que atañe a este proceso. El exconseller acudió a los juzgados arropado por la plana mayor de ERC, entre ellos Oriol Junqueras, que criticó a los partidos que sin ganar las elecciones se aprovechan de los “amigos” que tienen en los aparatos del Estado para “intentar imponer su voluntad”.

También había miembros de la CUP y Òmnium Cultural.Por otro lado, la jueza que investiga al expresidente del Parlament y hoy conseller, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de su Mesa se ratificó en su decisión de detener al exdiputado Josep Costa porque era una medida “proporcionada” y la “única” para garantizar que compareciera ante el tribunal.

La CUP exige al Govern que un activista no entre en prisión

La CUP exigió ayer al Govern que se comprometa a que el activista Adrian Sas, condenado a tres años y medio de cárcel por golpear a un policía durante el primer aniversario del 1-O, no entrará en prisión. Esta petición llegó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya desestimara el recurso presentado por Sas contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que hace un año lo consideró culpable de un delito de atentado a los agentes de la autoridad y de lesiones.

“Hay que buscar las vías para que la Generalitat deje de ejercer de correa de represión”, dijeron los de la CUP, que añadieron que hay varias vías “legales y estipuladas” para evitar que entre en prisión. Los anticapitalistas también reclamaron que letrados y agentes de los Mossos que “actúan de forma impune y falsean atestados” contra la movilización popular sean “expulsados ??de forma inmediata del cuerpo”.