Puigdemont reclama a Llarena que informe a la Interpol sobre la suspensión de las euroórdenes

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsellers Comín y Ponsatí ha enviado un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena donde le reclama información sobre si ha emitido instrucciones para hacer efectiva la suspensión de las órdenes de detención emitidas contra ellos, y también si ha informado a las fuerzas de seguridad, el sistema Schengen y la Interpol de la suspensión de las euroórdenes. La defensa actúa después de la resolución del TGUE del pasado viernes, que establece que los tres eurodiputados no disfrutan de inmunidad parlamentaria porque las euroórdenes emitidas por Llarena contra ellos están suspendidas.

En el escrito, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso la ACN, la defensa pide a Llarena que "informe sobre el Estado del procedimiento penal que el vicepresidente del Tribunal General ha considerado suspendido de conformidad con el que prevé el artículo 23 del Protocolo nº 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Por este motivo "solicita información sobre si en virtud de las consecuencias legales a las cuales se refiere el Vicepresidente del Tribunal General ha procedido al dictado de las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente al que hace referencia a las diversas órdenes de detención emitidas en esta causa penal, comunicando esta suspensión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Sistema de Información de Schengen y a la Interpol".

La defensa también pide en Llarena que le entregue una copia de las notificaciones que ha dictado de acuerdo a esta suspensión y que haya enviado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Schengen y la Interpol.

Todo ello después de que el viernes el TGUE desestimó devolver cautelarmente la inmunidad a los tres eurodiputados porque "no corren el riesgo de ser entregados a las autoridades españolas en esta fase" y porque mantienen inmunidad para "sus desplazamientos para el lugar de reunión del Parlament".

El TGUE dice textualmente que en "virtud del principio de cooperación leal, las autoridades nacionales tienen que tener en cuenta la suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados" y ve "hipotética" la asunción que algún estado no lo hiciera.