?PROCÉS? JUSTICIA
Puigdemont pregunta a Llarena si ya ha anulado las órdenes de arresto
Al igual que Comín y Ponsatí, después de que la Justicia europea dijera que no están vigentes || Una vocal nombrada por el PP juzgará la causa por el gasto exterior
Cuarto aniversario de los ‘Cantaires’ - Los cantaires de la plaza de la Paeria, que cumplen cuatro años de actuaciones, entonaron ayer su canto número 184 para pedir la amnistía para todos los encausados por el procés y para reivindicar e ...
La defensa del expresident Carles Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí han enviado un escrito al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena donde le reclaman información sobre si ha emitido ya instrucciones para hacer efectiva la suspensión de las órdenes de detención emitidas contra ellos, y también si ha informado a las fuerzas de seguridad, el sistema Schengen y la Interpol de la suspensión de las euroórdenes. Esta actuación llega tras la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que el pasado viernes decidió no devolverles a los tres eurodiputados de Junts su inmunidad de forma cautelar al considerar que las euroórdenes emitidas por Llarena contra ellos están suspendidas en toda la UE mientras la Justicia europea resuelve la cuestión prejudicial remitida por el propio magistrado del Supremo. Asimismo, en el escrito, las defensas piden a Llarena les entregue una copia de las notificaciones que haya emitido a la Policía, a Schengen y a Interpol “en virtud de dicha suspensión -de las órdenes de detención- y de conformidad con el principio de cooperación leal”.
La portavoz de Junts, Elsa Artadi, defendió que la decisión del TGUE “da más garantías y más justificaciones y razones para demostrar que el Estado español no defiende la democracia y las normas europeas” y equiparó ese hecho con las polémicas que enfrentan a Polonia y Hungría con la UE. “¿Piensa hacer como Polonia? ¿Se piensa arriesgar a tener sanciones?”, preguntó Artadi al presidente Pedro Sánchez.Por otro lado, el Tribunal de Cuentas eligió ayer a Elena Hernández, una vocal designada a propuesta del PP, como la encargada de juzgar el caso contra los líderes independentistas por los gastos del 1-O y de la acción exterior del Govern entre 2011 y 2018. Por su parte, la sala de apelaciones, que deberá resolver los recursos interpuestos contra la negativa a admitir los avales de la Generalidad, recaerá sobre el sector más progresista del órgano fiscalizador.
