POLÍTICA ECONÓMICA
La venta de alimentos a pérdidas, prohibida por ley
El Congreso da luz verde a una norma que sigue sin convencer al sector || Entrará en vigor en cuanto la publique el BOE
Protesta ayer de agricultores en Extremadura por la crisis.
El Pleno del Congreso avaló ayer todos los cambios efectuados por el Senado a la reforma de la cadena alimentaria, que completa así toda su tramitación y queda lista para su entrada en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tendrá que esperar para su vigencia lo referido al registro de contratos, a expensas del desarrollo reglamentario por parte del Gobierno, así como las nuevas obligaciones de formalización de contratos para las cooperativas, para las cuales se da un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley. En la reforma se recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un peso superior al coste efectivo de producción, incluyendo todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, desde el coste de las semillas, fertilizantes y la energía, hasta trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el productor o familiares.
Prevé además multas en caso de incumplimiento, como recordó la semana pasada en su visita a Lleida el ministro de Agricultura, Luis Planas. La ley sigue sin contentar al sector y, por ejemplo, Unió de Pagesos afirmó ayer que incumple el derecho europeo y mantiene la inseguridad jurídica en los precios de los contratos agroalimentarios. Lamenta que no se haya aprovechado para regular la reventa a pérdidas y establecer cuotas de la posición de dominio en la cadena alimentaria.
Desde ERC, el diputado por Lleida Xavier Eritja dijo que la ley es, en su opinión, fruto de una gran falta de valentía y deja al sector en una clara situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad. Por otra parte, el Congreso aprobó también ayer la primera parte de la reforma de pensiones que plantea el Gobierno, derogando los elementos centrales diseñados por el PP en 2013 e imponiendo la vuelta al IPC como referencia para revalorizar las prestaciones y el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor.
