Hacienda propone que educación y sanidad ganen peso en la financiación autonómica

El ministerio de Hacienda envió ayer a las comunidades de régimen común (excluidas País Vasco y Navarra) su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada y en la que se plantea dar más peso al gasto sanitario y de educación a la hora de repartir los fondos. El documento, que determinará el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas (como la dispersión y el envejecimiento de la población), sociales o territoriales, aunque basándose en el número de habitantes de cada región, servirá para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica. Esta es una demanda de los territorios conocidos comúnmente como “infrafinanciadas”, como la Comunitat Valenciana o Baleares.Según el Gobierno, la nueva propuesta precisa mucho más que la actual cuál es el coste de la sanidad.

También evalúa por separado las necesidades de la población universitaria y la que no lo es. Como novedad, tiene en cuenta también el número de parados que no disponen de ningún tipo de prestación por desempleo. También incorpora la variable de la dispersión, defendida por las comunidades más despobladas.El documento plantea más recursos a la sanidad, que pasa de una ponderación del 38% a una del 40-45%.

Además, para determinar mejor las necesidades de cada territorio, la población pasa de una división de siete grupos de edad a veinte. También defiende incorporar las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma.La propuesta incluye además un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años.

Asimismo, se une una variable que conformarían los parados sin prestación. La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22%.

También incluye variables correctivas no poblacionales como la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.

El Govern recela y asegura que no resolverá la infrafinanciaciónEl Govern afirmó tras conocer la propuesta de cálculo de población ajustada hecha por el ministerio de Hacienda que esta “no soluciona la infrafinanciación ni el déficit fiscal”. Fuentes del departamento de Economía destacaron que el modelo actual de financiación está “agotado” y añadieron que el concepto de población ajustada no responde “a la realidad de Catalunya”.

En este sentido, señalaron que es necesario tener en cuenta el porcentaje real de población de Catalunya sobre el conjunto del Estado y la paridad del poder adquisitivo y el coste de vida y de los servicios públicos. Con todo, la Generalitat ya avanzó que no tiene intención de participar en la negociación que se llevará a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde están representadas todas las comunidades autónomas y el Gobierno español, y reclama que lo que quiere es negociar la financiación en un encuentro bilateral.