El TSJC exige al Govern proteger la intimidad del menor que pidió clases en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Generalitat garantizar la “protección” y la “intimidad” del alumno de una escuela de Canet de Mar después de que un juez reconociera a su familia el derecho a que recibiera un 25% de la enseñanza en castellano. En una providencia, la sección quinta de la sala contenciosa administrativa del TSJC ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela el Turó del Drac, donde el menor cursa P5, para que “preserven la protección de la intimidad” del alumno y de su familia, así como “la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”.

Además, da un plazo de diez días a la conselleria para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el dictamen del Superior de Justicia, que obliga al colegio de forma cautelar a impartir un 25% de las clases en castellano al grupo de este alumno. Después de esta resolución, la familia del niño denunció que había sufrido amenazas y hostigamientos por parte de padres del colegio y otras personas defensoras de la inmersión lingüística, que el Gobierno central ya se ha comprometido a investigar.

La Fiscalía de Barcelona, por su parte, ha abierto diligencias para determinar si varios mensajes vertidos en las redes sociales contra el alumno suponen un delito de incitación al odio o de discriminación. La ministra de Educación, Pilar Alegría, por su parte, se puso en contacto con Gonzàlez-Cambray, a quien le expresó “todo su apoyo” para evitar “cualquier tipo de acoso en este caso o en otro” que suceda en una escuela de Catalunya.

Entre tanto, las familias de la escuela implicada contrarias a que el centro imparta una cuarta parte de las materias en castellano hizo público un comunicado en el que negaron “cualquier tipo de acoso” y aseguraron; “no tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante”. Muchas de ellas acudieron a la manifestación convocada por el Sindicat d'Estudiantes dels Països Catalans (Sepc) y la Intersindical Csc contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán. La marcha, a la que asistieron medio millar de personas, se inició en las inmediaciones del centro escolar afectado y se dirigió hasta la biblioteca situada en el centro de Canet. Allí, la alcaldesa de la localidad, Blanca Arbell, denunció haber sufrido amenazas telefónicas.

El PSC defiende el modelo educativo de Catalunya y el PP pide un 155

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, consideró ayer que el catalán debe ser la lengua vehicular en la escuela y aunque pidió cumplir las sentencias judiciales, también apostó por dar autonomía a los centros para que se adapten según su realidad sociolingüística. “Defender el catalán no es ir en contra del castellano, y defender el castellano no es ir en contra del catalán”, dijo.

Mientras, el PP, en boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ofreció de nuevo sus senadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aplicar el artículo 155 de la Constitución en materia de educación en Catalunya, tras el “hostigamiento a una familia que ha logrado más clases en castellano para su hijo por vía judicial”. “Al castellano se le persigue en Catalunya y hay que defenderlo y reivindicarlo”. En esta línea se expresó también Cs, que criticó que no se frene “este atropello”.