La Fiscalía suiza archiva el caso de la donación saudí de 65 millones al emérito Juan Carlos I

La Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación que abrió en agosto de 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en la donación de 65 millones de euros que el rey emérito Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del AVE a La Meca y que posteriormente regaló a su antigua amiga íntima Corinna Larsen. Después de tres años de indagaciones, el fiscal Yves Bertossa señala que no es posible “establecer un vínculo suficiente” entre el dinero procedente de Arabia Saudí, ingresado por Juan Carlos I en una cuenta del banco Mirabaud en Ginebra de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario, y la concesión de los contratos para construir en este país el tren de alta velocidad. No obstante, concluye que hubo “un deseo de encubrimiento” a la vista de la estructura financiera montada para la donación recibida en 2008 y la falta de documentación para justificar las transferencias.

La cuenta de Lucum se cerró en junio de 2012 y los 65 millones se transfirieron a una cuenta de una sociedad gestionada por Corinna en las Bahamas.El cierre del caso en Suiza llega después de que el pasado día 2, la Fiscalía del Tribunal Supremo prorrogara hasta seis meses las diligencias abiertas contra el rey emérito en las tres investigaciones aún en marcha, una decisión que justificó en la necesidad de recibir una comisión rogatoria del país helvético antes de dar a conocer el dictamen. Uno de los casos se centra en el presunto cobro de comisiones, el mismo que el archivado en Suiza; otro por donaciones no declaradas, sobre las que Juan Carlos I hizo dos regularizaciones fiscales por valor de unos cinco millones de euros, y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.El caso del llamado “AVE del desierto” se abrió después de conocerse en agosto de 2018 la conversación grabada tres años antes entre Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo.Al no haber estado investigado directamente por el fiscal suizo, Juan Carlos I no quiso emitir ninguna opinión a través de sus abogados. Sí lo hizo Corinna, para quien era “evidente” que iba a ser exonerada de “toda responsabilidad” en la investigación del fiscal, aunque advirtió de que “los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades y permanecen impunes”, sin dar más detalles. “Mi inocencia era evidente”, concluyó.

Respaldo del PP, distancia del PSOE y acusaciones de Podemos

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, se alegró por el archivo del caso en Ginebra y consideró que “deberían pedir disculpas” quienes “se lanzaron” a perseguir a Juan Carlos I para, “de manera indirecta, perseguir y estigmatizar a la monarquía”. “Soy de los que piensa que España le debe reconocimiento y gratitud por la labor extraordinaria que hizo durante la Transición”, defendió.El PSOE sostuvo que ha de ser la Justicia la que debe pedir las explicaciones al rey emérito, según el portavoz de su Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia.

“Como en tantas otras resoluciones, respeto absoluto a lo que decidan las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía. Si el rey emérito tiene que volver o no, es una decisión que corresponde a él y a la Casa Real”, dijo.Desde Podemos, Pablo Fernández acusó a la Monarquía de ser una estructura para “cometer corrupción”.