Gobierno y Esquerra pactan la ley Audiovisual y garantizan así los presupuestos del Estado

El Gobierno y ERC cerraron ayer un pacto para garantizar un mínimo de producciones en catalán en la nueva Ley del Audiovisual, y asegura la aprobación de los Presupuestos Generales para 2022, puesto que los republicanos ya anunciaron que retirarán las enmiendas parciales presentadas contra las cuentas en el Senado. El acuerdo, en el que llevan semanas trabajando, reservará al menos 15 millones de euros anuales, según estimaciones de ERC, para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales. Esto significa que un 15% de la producción total que el Estado exige a las plataformas, incluida las radicadas en el extranjero como HBO o Netflix, que se haga en España anualmente (que es un 70% del total) deberá hacerse en catalán, euskera o gallego.

Según establece en artículo 117 de la normativa europea, las plataformas que operen en España estarán obligadas a destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos.Paralelamente, se creará un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos. De este modo, cualquiera de las series de éxitos internacionales se deberá doblar al catalán, aunque quien lo pagará será el Estado y no las plataformas.

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) será el órgano responsable de dirimir los conflictos en doblajes con las plataformas. Asimismo, según Esquerra, el acuerdo contempla que el 6% del catálogo de las plataformas en España sea en catalán o el resto de lenguas cooficiales. Así pues se añadirán cuotas del catalán allí donde hasta ahora solo había en castellano, de modo que plataformas como Movistar o Atresmedia tendrán que garantizar que un 6 por ciento de su catálogo sea en alguna lengua cooficial.

También se incorpora la lengua de signos catalana y se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado sea en catalán, euskera o gallego.A todo esto se añade el acuerdo que ERC alcanzó en la negociación de los Presupuestos para la creación de fondos de hasta 10,5 millones de euros para incentivar la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano.Aun así, la formación independentista cree que se trata de un “primer paso” para proteger el catalán y prometen seguir trabajando para conseguir que las plataformas vayan asumiendo compromisos, en línea con lo que hace el Govern de Catalunya. Desde el PSOE, por su lado, aseguraron que el acuerdo “encaja en la directiva europea” y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales.Lo que sí está claro es que el pacto cerrado ayer garantiza al Gobierno la aprobación sin sobresaltos de los Presupuestos Generales, ya que ERC retirará las 16 enmiendas que había presentado en la Cámara Alta para forzar al Ejecutivo a renegociar. Si todo va bien, las nuevas cuentas podrían ser aprobadas de manera definitiva el próximo martes día 21.Los productores catalanes celebraron el acuerdo al considerar que incluye algunos puntos que llevaban tiempo reclamando, no obstante pidieron seguir trabajando para dar más importancia al catalán.

La inmersión lingüística, arma arrojadiza en Parlament y CongresoEl debate sobre la inmersión lingüística en Catalunya abierto tras la ratificación de la sentencia que obliga a impartir el 25 % de materias en castellano y el caso de Canet de Mar tensó ayer las sesiones de control tanto del Parlament como del Congreso. En la Cámara catalana PPC, Cs y Vox cargaron contra el president Pere Aragonès, mientras este pidió al PSC que se implique en la defensa de la lengua. Los partidos de la derecha acusaron al Govern de “acosar” a un niño de cinco años, en el caso de Canet, por querer estudiar castellano, y el líder de Cs, Carlos Carrizosa, incluso llegó comparar la situación con la que se vivió en Ermua cuando ETA secuestró y asesinó al concejal popular Miguel Ángel Blanco en 1997.

Aragonès censuró estas palabras, rechazó las acusaciones y recordó que el modelo de inmersión lingüística es de éxito y una ayuda para la “cohesión social” en Catalunya.La bronca también se trasladó al Congreso de los Diputados. Allí el líder de la oposición, Pablo Casado, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables como el niño cuya familia, dijo, está siendo acosada en Canet y le espetó: “¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad”. El líder socialista le pidió abandonar las declaraciones “inflamatorias”, como las que hizo el pasado fin de semana tildando de “apartheid lingüístico” la inmersión, y que se deje de politizar la lengua y la educación porque, a su juicio, cada vez hay más catalanes que quieren “concordia” y “convivencia” y superar el “mal llamado procés”.

Instan al Govern a negarse a acatar la sentencia del TSEl Parlament instó ayer al Govern a garantizar la aplicación de la inmersión lingüística en todos los centros educativos y que el departamento de Educación “asuma la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación de estos objetivos, garantizando la seguridad jurídica del profesorado”. Lo hizo a instancias de una moción de la CUP que obtuvo el apoyo de independentistas y comuns. El PSC, que se abstuvo en el primer punto y votó en contra del segundo, sí se posicionó a favor de una moción presentada por Cs a favor que las clases sean en castellano en un 25% o más.

Esta no salió adelante.