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POLÍTICA EDUCACIÓN

Aragonès anuncia medidas para blindar las escuelas

Intensifica las inspecciones para garantizar la inmersión lingüística || Las familias de Canet denuncian el “relato falso”

Los participantes de la cumbre ayer, con Aragonès al frente.

Los participantes de la cumbre ayer, con Aragonès al frente.ACN / LAURA FÍGULS

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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció ayer que incrementará las inspecciones para garantizar el cumplimiento de los proyectos educativos en los centros en Catalunya. “Si la clase de matemáticas se debe hacer en catalán, debemos garantizar que se da en catalán”, afirmó el president después de la reunión que el Executiu mantuvo ayer por la tarde con sindicatos y entidades en defensa de la lengua, en el marco de la polémica por la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a una escuela de Canet de Mar (Barcelona) a impartir un 25% de sus clases en castellano en una clase de P5. Aragonès avanzó que, además de incrementar las inspecciones y encargar un análisis de la situación del catalán en la escuela para defender el modelo “de éxito y convivencia” de inmersión lingüística en Catalunya, la conselleria de Educación también incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por las sentencias de los tribunales.

A su vez, aprobará una nueva legislación para hacer frente a la “ofensiva judicial, mediática y política” y “preservar el proyecto lingüístico del centro”. En otro orden de cosas, la Asociación de Familias (AFA) de la escuela de Canet criticó ayer el “relato falso” que se está generando después de que el TSJC obligase a impartir el 25% de las clases en castellano en una aula de P5. La asociación, que se mostró contraria a la sentencia del TSJC, desmintió los casos de “acoso, aislamiento o ataque a cualquier familia”, y expresó su “malestar” porque el colegio se haya convertido “en escenario de enfrentamientos políticos, debates identitarios y disputas lingüísticas” que, a su juicio, no les corresponde asumir ni al centro, ni “mucho menos” a sus hijos.

“Nos sentimos utilizadas, difamadas y tristes”, aseveró la asociación, antes de exigir responsabilidad política a todos los partidos, especialmente a aquellos que, a su parecer, han hecho declaraciones “incendiarias” y falsas sobre el centro educativo.

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