LABORAL ADMINISTRACIÓN
La Generalitat aprueba una oferta de empleo público con 4.020 plazas
Para este año, de las que 2.100 serán para docentes y 840 para mossos || Autoriza también la aprobación de 1.132 más para personal del Institut Català de la Salut
La mitad de las ofertas de empleo publico aprobadas irán destinadas a la docencia.
El Govern aprobó ayer en el Consell Executiu una oferta de ocupación pública de la Administración de la Generalitat de Catalunya de 4.020 plazas para el año 2021, que incluyen a 2.129 de docentes no universitarios, 840 del cuerpo de Mossos d’Esquadra, 240 bomberos y 100 agentes rurales. El resto corresponde a los cuerpos de funcionarios de administración y técnico, laboral y personal de administración penitenciaria. Adicionalmente, el Govern también autorizó al del Institut Català de la Salut aprobar una oferta de empleo público de hasta un máximo de 1.132 plazas para el personal de los servicios de salud.
De esta forma, se prevé que la oferta de empleo público para este año sea de un total de 5.152 plazas. Se trata de una oferta de empleo ordinaria, dirigida a la cobertura de necesidades prioritarias. Las plazas ofertadas corresponden a la tasa de reposición de efectivos fijada en la ley de presupuestos estatal que, para el año 2021, es del 100% en general, del 110% en sectores identificados como prioritarios y del 115% para los cuerpos de policía.
El Executiu señaló que aunque no es una oferta específica de estabilización del empleo temporal, “se convierte en un instrumento adecuado y necesario para avanzar en la reducción de los índices de temporalidad en el empleo público”. Se prevé una reserva de un mínimo del 7% del total de plazas ofertadas para que sean cubiertas con personas con discapacidad.Por otro lado, el Gobierno español aprobó la convocatoria extraordinaria de 926 plazas de acceso por turno libre para dotar para reforzar la plantilla del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).En otro orden de cosas, el Govern también aprobó la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas que generen gases de efecto invernadero. La finalidad de la ley es reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir los gases a través de la imposición del gravamen.
El nuevo tributo destinará la totalidad de la recaudación a nutrir el fondo climático. Asimismo se acordó ampliar hasta 2023 el plan de implementación de la ventanilla única empresa.
