JUSTICIA CORRUPCIÓN
Hacienda constata amaños en una donación en 'b' al PP
Intervención del Estado ratifica que el Gobierno de Aznar adjudicó un contrato por mordidas || A través de Medio Ambiente
El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso sobre la ‘caja b’ del Partido Popular, Santiago Pedraz, ha recibido un informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido por el fiscal Anticorrupción, que añade nuevos indicios sobre las presuntas donaciones en negro que recibió el partido a cambio de adjudicaciones públicas. En concreto, el documento, que fue avanzado Cadena Ser, constata que en 2003, cuando Elvira Rodríguez dirigía el ministerio de Medio Ambiente, fue adjudicado un contrato de cerca de 1,5 millones de euros a la sociedad Constructora Hispánica, presidida por el empresario Alfonso García Pozuelo, quien ya ha confesado que su firma pagó mordidas al partido a cambio de contratas. El informe presentado a Pedraz detalla, según el citado medio, que a la constructora se le otorgó la recuperación y restauración ambiental de las marismas de Joyel de la reserva natural de Santoña y Noja a pesar de que el interventor advirtió de la manipulación de la puntuación del concurso a favor de la firma de García Pozuelo.
La Mesa de la Contratación, según detalló el interventor, cambió los parámetros para que la citada empresa lograra obtener la mayor puntuación frente a sus competidoras. Además de esto, el auditor también avisó de otras irregularidades. Y es que una vez adjudicado el proyecto se produjo una modificación al alza de 148.996,37 euros, autorizado por la ministra Elvira Rodríguez.
La IGAE corrobora que se produjeron “excesos de medición” y “muy notables desviaciones” en el presupuesto, que “pudieron y debieron incluirse” en la modificación del proyecto, “superando así el 10% del contrato primitivo, lo que hubiera requerido el informe de la Inspección de Servicios de Medio Ambiente”.Este nuevo informe se suma a la decena de los que ya obran el poder de Pedraz que apuntan a la adjudicación de contratos por valor de 600 millones en época del gobierno de José María Aznar.