JUSTICIA CORRUPCIÓN
Fiscalía cree probado que el PP se benefició de la Gürtel
Pide que el partido pague los 204.189 euros que habría obtenido ilegalmente en Boadilla || Rebaja la pena para dieciséis acusados
El líder de la trama en Boadilla, Francisco Correa, en un juicio.
La Fiscalía Anticorrupción volvió a pedir ayer, durante la fase definitiva de la vista oral por las actividades de la trama corrupta ‘Gürtel’ en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, que el PP sea condenado al pago de 204.198 euros. Considera a la formación como partícipe a título lucrativo de los beneficios que la red corrupta habría obtenido de forma ilegal en este municipio gracias al cabecilla, Francisco Correa. La fiscal Concepción Nicolás sostuvo que hay “evidencias tangibles, abrumadoras y arrolladoras con una prueba contundente” de la extensión del entramado en el municipio, entre ellas los testimonios de testigos y peritos, la documentación recabada y las grabaciones del exconcejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, que destapó la trama corrupta.
No obstante, Nicolás rebajó su petición de penas para dieciséis acusados que confesaron la corrupción de políticos del PP en la trama, y mantuvo su solicitud de 40 años de prisión para el exalcalde de esta localidad Arturo González Panero, alias ‘El Albondiguilla’, al considerar que su confesión “no es veraz”. Entre los acusados a quienes ha reducido la condena se encuentra Correa, para quien pide 19 años de prisión frente a los 76 solicitados inicialmente, y el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, para quien solicita 16, frente a los 64 iniciales.Según la fiscal, ambos, que cumplen largas condenas por otras ramas del caso, reconocieron “todo”, incluso el reparto de donaciones, por primera vez en una de las múltiples piezas de la macrocausa. “Crespo ha reconocido hasta que se pagaba en negro a actos del PP”, aseveró.
Por ello, Nicolás consideró que el tribunal debe aplicarles la atenuante “muy cualificada” de confesión.A su vez, Anticorrupción cifró las comisiones a políticos de la formación ‘popular’ en forma de dinero y regalos a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del ayuntamiento –causando un perjuicio al consistorio– en cuatro millones de euros.
