JUSTICIA LEGISLACIÓN
El Poder Judicial rechaza el informe de la ley de Vivienda
Al considerar que tiene “sesgo ideológico” y volverá a debatir el texto el 27 de enero || Podemos critica los “retrasos injustificados”
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una imagen de archivo.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunieron ayer en una sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la ley de Vivienda, acordaron rechazarla y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta en el pleno ordinario del 27 de enero. El propio CGPJ informó de que se acordó por quince votos a seis rechazar la propuesta de Cuesta al aprobar la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas. Fuentes del órgano señalaron que tanto el anteproyecto como el informe de Cuesta tienen “sesgo ideológico” y avanzaron que el nuevo informe que emitan será “crítico” con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que contará con el aval del órgano.
A su vez, el CGPJ criticó que el borrador obvia que la Constitución establece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de vividenda. También acordó designar a José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas como nuevos ponentes, escogidos, respectivamente, a propuesta del PP y del PNV. La decisión del órgano impide que la regulación que permite topar ciertos alquileres se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes, tal y como estaba previsto.
Y es que, aunque las conclusiones del informe no son vinculantes para el Gobierno, la aprobación del dictamen sí es un trámite perceptivo. Unidas Podemos cargó contra la decisión del Poder Judicial al considerar que implica “retrasos injustificados” en una normativa “clave” en esta legislatura. El portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, advirtió de lo que implica “en términos democráticos” por “el retraso en algo tan importante para la gente como la regulación de los alquileres abusivos”.
Mientras, el dirigente de Izquierda Unida Carlos Sánchez criticó que el CGPJ ejerza de “abogado de los grandes propietarios de la vivienda”, y denunció que “la derecha secuestra símbolos e instituciones y no pasa nada”.
