JUSTICIA POLÍTICA
La Junta Electoral ordena al Parlament que retire el acta al diputado leridano Pau Juvillà
El Superior de Justicia lo condenó a seis meses de inhabilitación por desobediencia || La Cámara se había mostrado a favor de mantener su escaño hasta que se dictara una sentencia firme en su contra
Juvillà, arropado por Borràs y los miembros independentistas de la Mesa del Parlament tras la condena.
La Junta Electoral Central (JEC) ordenó ayer la retirada del acta al diputado de la CUP por Lleida, Pau Juvillà, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), aún sin sentencia firme, a seis meses de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos de su despacho de La Paeria cuando era concejal. Así como que su lugar en el Parlament lo ocupe el siguiente candidato de la lista de los cupaires. Todo ello pese a que la Cámara catalana alegó hace unos días que no veía motivos para que perdiera el escaño.
En su escrito, la JEC considera que “procede declarar que concurre la causa de inelegibilidad sobrevenida por haber sido condenado a pena de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno y administración”, por un “delito de desobediencia, aun cuando la sentencia no sea firme”. Asimismo afirma que está legitimado para llevar a cabo esta acción ante la actitud del Parlament. El órgano actúa de esta forma en la dirección que le reclamaban los escritos presentados por Vox, Cs y PPC, que solicitaban que se le retirara la credencial.
La decisión de la Junta es firme en vía administrativa, pero cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.Cuando se produjo la condena, se abrió el debate en el Parlament sobre si Juvillà puede conservar el escaño mientras el Supremo no se pronuncie, algo por lo que ya se inclinó Borràs, que ahora deberá decidir si acata el acuerdo de la Junta Electoral Central. De hecho, el pleno del Parlament aprobó el 17 de diciembre un dictamen para que Juvillà mantuviera su escaño mientras no hubiera sentencia firme del Supremo, una votación que contó con el apoyo de JxCat, ERC, PSC, comunes y CUP. A este acuerdo es al que ayer apelaron los anticapitalistas para pedir a la Cámara catalana que no cumpliera con esta orden y que se preservara la soberanía parlamentaria ante los que consideran una “injerencia” de un órgano no competente.
En este sentido, Borràs mantuvo ayer que protegerá sus derechos. La respuesta del afectado llegó con una frase de Salvador Seguí: “No hay ningún hecho trascendental en la vida humana que haya sido creación de un solo hombre o casta, ni que se haya realizado en la primera tentativa”. A la noticia también reaccionaron diversos políticos independentistas que mostraron su rechazo. El president, Pere Aragonès, criticó que la JEC “solo persiga libertades y los derechos políticos más fundamentales”.
En otro orden de cosas, el Tribunal General de la UE celebra hoy una vista judicial por el recurso de los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont y Toni Comín, contra el veto inicial del Parlamento Europeo a reconocer su escaño en 2019. Aunque ambos fueron reconocidos posteriormente a raíz de la sentencia por el caso del líder de ERC Oriol Junqueras, mantuvieron el recurso para denunciar que se vulneraron sus derechos políticos.
El Supremo rechaza los recursos contra los indultos del “procés” por la falta de legitimación de los partidos
El Tribunal Supremo ha rechazado todos los recursos, particulares y de los partidos, presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno central a los líderes del procés condenados a prisión por el 1-O.
La sección quinta de la sala del contencioso-administrativo del Alto Tribunal tomo esta decisión por mayoría, aunque no por unanimidad, al estimar la falta de legitimación activa alegada por la Abogacía del Estado. La consecuencia previsible de esta decisión será la inadmisión de los recursos presentados, aunque los representantes de las formaciones políticas aún tendrán disponible la opción de presentar un recurso de súplica, según señalaron fuentes jurídicas.A falta de conocer el contenido de los autos, que se harán públicos en los próximos días, la Sala considera que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para oponerse a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que supone que no entrará a resolver el fondo del asunto. La legitimación activa para recurrir los indultos era el principal escollo a superar en la mayoría de los recursos antes de entrar en el fondo, porque solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.
Entre los recurrentes figuran organizaciones como Convivencia Cívica Catalana o Pro Patrimonium Sijena; partidos como Vox y el PP; y particulares, todos ellos políticos, como la líder de Cs, Inés Arrimadas o Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Catalunya durante el 1-O. Todos ellos sostienen que resultaron perjudicados por el procés.
El TSJC asume la causa contra Natàlia Garriga
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigará a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por malversación y desobediencia por su supuesta participación en la organización del 1-O. Además, la causa, que proviene del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y que se ha negado a archivar, ??se acumulará en la ya abierta contra los diputados de ERC Josep Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.
Acusan a Joana Ortega de burlar su inhabilitación
La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros para la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, a la que acusa de haber burlado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar la consulta del 9N cuando ejerció como asesora del Departamento de Empresa, entre mayo y octubre de 2019. Ortega defiende, que no incumplió la inhabilitación porque el trabajo de asesora no tenía funciones en el Govern.
