El Superior de Justicia da dos meses al Govern para aplicar el 25% de castellano en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró ayer firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y dio dos meses de plazo a la Generalitat para que ejecute la resolución a partir de la comunicación de la sentencia, pasados los cuales “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. En cualquier caso, el tribunal da al Govern un plazo de diez días para recibir la notificación de la sentencia, responder cómo ejecutarla y para que “indique el órgano responsable de su cumplimiento”.

En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la conselleria de Educació contra el fallo.

La sentencia ordena al Govern a garantizar que el castellano sea lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias de las escuelas de Catalunya, aunque el Govern ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística. El fallo, dictado en diciembre de 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, estima parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la “inactividad” de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza del castellano.

Tras conocer este nuevo golpe judicial contra el catalán, el conseller de Educació, el leridano Josep Gonzàlez Cambray, aseguró que la sentencia del TSJC no cambia nada y que seguirán cumpliendo con el programa de inmersión lingüística que estipula la ley de Educació de Catalunya (LEC) porque este, aseguró, garantiza que los alumnos que acaban la tapa obligatoria logran adquirir competencias tanto en castellano como en catalán. El conseller, que criticó este nuevo intento de “judicializar la educación en Catalunya”, también dijo que todavía no sabe en qué sentido se pronunciará el Gobierno sobre la aplicación o no de la sentencia.

Y es que si en el término de dos meses dado por el TSJC el Govern no ha aplicado la resolución, la ley establece que se podrá ejecutar de manera forzosa, siempre que algunas de las partes o un afectado lo solicite. Es decir, el Gobierno español, que ya insinuó que no lo pediría, o cualquier persona que pueda acreditar ante el tribunal que está siendo perjudicada por la no aplicación.

El president del Govern, Pere Aragonès, por su parte, respondió al Superior de Justicia que “el catalán no se toca” y que aplicarán normas para reafirmar el modelo de escuela catalana para que no se ponga en riesgo la cohesión social. De hecho el Executiu lleva semanas pidiendo a las escuelas que sigan aplicando la inmersión lingüística

Si la Generalitat no aplicara la resolución en 2 meses, el Gobierno podría pedir que se ejecutara forzosamente

Entidades y sindicatos piden protección para los docentes que se opongan a cumplir con la sentencia

Partidos independentistas y entidades hicieron ayer un llamamiento a no acatar la sentencia del TSJC para aplicar el 25% de castellano en las escuelas catalanas y salieron en defensa del modelo de inmersión lingüística. Òmnium Cultural, así como su presidente, Jordi Cuixart, instaron al Govern a ignorar a la justicia porque “ataca a la escuela, la lengua y la convivencia”. Por ello pidieron defender la escuela catalana y proteger a los directores, profesores y alumnos de los centros para seguir aplicando un modelo que consideran de éxito y de cohesión social. En este mismo sentido se pronunció el sindicato USTEC y la intersindical CSC.

USTEC, además, instó al Executiu catalán a convocar una cumbre de urgencia para “acordar una estrategia y hacer fuerza de manera unitaria” frente a una sentencia que, advirtieron, responde “a criterios ideológicos y no pedagógicos”. También pidió al departamento de Educació y a la Generalitat que “se responsabilicen de las decisiones que se tomen” y “defiendan al profesorado, personal de centros y toda la comunidad educativa para que no quede desamparada si no se cumple la resolución judicial”.

Por su parte, diferentes diputados de ERC, Junts y la CUP criticaron la judicialización que se está haciendo con la escuela catalana y salieron en defensa del modelo de inmersión lingüística, asegurando que ha demostrado ser de éxito y de ayuda para la cohesión social. Asimismo cargaron contra este intento de minorizar la lengua catalana.

Cs, PP y Vox avisan de denuncias y el PSC no ve en riesgo el catalán

Cs, PP y Vox advirtieron ayer al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al conseller de Educació, Josep González Cambray, que les denunciarán, si no “obedecen” la sentencia del 25% de castellano. El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, además volvió a amenazar con inhabilitaciones a los docentes que incumplan la sentencia. Mientras, la Asamblea por una Escuela Bilingüe celebró que la inmersión lingüística vaya a “quedarse en el pasado” como una pesadilla. Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, aseguró que la sentencia “no pone en riesgo que el catalán sea lengua vehicular” en la educación obligatoria en Catalunya.

Directores de Lleida consideran “anacrónica” esta decisión

El presidente de la Associació de Directors de Lleida, Ramon Òscar Torrelles, señaló ayer que los directores de centros “estamos más preocupados porque no decaiga el uso del catalán que porque el alumnado no tenga un conocimiento suficiente de la lengua castellana, que lo tiene, por lo que pensamos que esta sentencia es totalmente anacrónica”. Además, insistió en que la inmersión en catalán que se está aplicando desde hace décadas “es un modelo lingüístico de éxito”.

Educació ha comunicado a los centros que deben seguir aplicando sus actuales proyectos lingüísticos al entender que garantizan al aprendizaje tanto del catalán como del castellano.