Aragonès denuncia un “155 educativo” y dice que darán protección jurídica a los docentes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, consideró ayer que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de declarar firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano, y de dar al Govern dos meses para aplicar la resolución, es “una especie de 155 educativo”, y aseguró que se trata de “un intento de romper el consenso” alrededor del “modelo de éxito” de la educación en Catalunya. En este sentido, avanzó que el Govern defenderá el uso del catalán en las aulas “con todas las herramientas de las que disponga”. También garantizó a los docentes que el Executiu asumirá “la responsabilidad política, jurídica y de actuar en defensa del modelo” pedagógico catalán.

“Los docentes deben saber que tienen al Govern a su lado”, insistió, antes de añadir que trabajarán para que familias, alumnos y docentes “dispongan de la máxima seguridad jurídica”.Por otro lado, ante las voces que en los últimos días han llamado a no acatar la sentencia, el president de la Generalitat, que ayer visitó la entidad Osonament, que atiende a personas con problemas de salud mental en Vic, consideró que “no es cuestión de obedecer o desobedecer”, sino de “defender el modelo”. “Eso se hace jurídicamente, tenemos los argumentos jurídicos y legales para hacerlo”, aseguró.No obstante, admitió que el contexto “no es fácil” porque, consideró, hay “instituciones del Estado que conciben el plurilingüismo y la diversidad de lenguas como una cuestión a la que tienen alergia”. Asimismo, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a tener “una actitud clara” y a posicionarse en favor de la escuela catalana y no de “las ingerencias políticas e ideológicas que intentan generar problemas”.

Estas declaraciones llegan después de que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, asegurase el viernes que el fallo del TSJC no cambiará nada y que seguirán cumpliendo con el actual modelo porque, aseguró, garantiza que los alumnos adquierencompetenias tanto en castellano como en catalán.A su vez, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, afirmó que en Catalunya deben prevalecer “los criterios pedagógicos y no los judiciales”, y pidió al Govern que proteja a los docentes y que interponga un recurso de reposición para conocer en qué condiciones debe aplicar el fallo.En otro orden de cosas, un centenar de personas se manifestaron ayer en Cubelles (Garraf), después de que el TSJC fijase en diciembre la cuota del 25% en castellano en una escuela del municipio. La concentración contó con el apoyo de la ANC y de grupos políticos locales, que el martes aprobaron una moción en favor del modelo catalán

Gonzàlez-Cambray insiste en que se continuará aplicando el actual modelo de inmersión lingüística

Unas doscientas personas en defensa del catalán impidieron ayer que una comitiva del PP paseara por la plaza Mayor de Vic, donde la formación tenía previsto instalar una carpa informativa a pesar de que el ayuntamiento les prohibiera hacerlo. Tras momentos de tensión y reproches –en los que se pudieron escuchar consignas como “fuera fascistas de nuestros barrios”–, el presidente del grupo en Catalunya, Alejandro Fernández, aseguró que confía en que “el estado de derecho actuará” si finalmente el Govern se niega a acatar la sentencia.

“Si algo se ha podido demostrar en Catalunya en los últimos años es que la justicia actúa y que aquel que ha decidido incumplir la ley acaba pagando el precio”, dijo. Respecto a las protestas, el líder del PP catalán preguntó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, si “está orgulloso de una Catalunya en la que él se puede pasear tranquilamente” mientras ellos “no pueden poner ni una carpa”.Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, celebró la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano, y aseguró que “el régimen de imposición lingüística de los últimos 40 años” terminará “más pronto que tarde” gracias a las sentencias judiciales.

El Govern debe informar al TSJC sobre cómo aplicará la orden

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró firme el viernes la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las aulas catalanas, y dio un plazo de dos meses a la Generalitat para que ejecute la resolución a partir de la notificación de la sentencia, pasados los cuales “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”.

En la resolución, que puede ser recurrida, la letrada de la sala contenciosa del TSJC ratificó la sentencia que el tribunal dictó en diciembre de 2020, una vez el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat. En cualquier caso, el tribunal dio al Govern diez días para recibir la notificación, responder cómo ejecutarla y para que indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución. La decisión del TSJC estima parcialmente un recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2015 por la “inactividad” de la Generalitat en su obligación de garantizar la enseñanza en castellano.