CORRUPCIÓN MEDIOS
TV3 niega irregularidades en los contratos firmados con Triacom
La productora está siendo investigada por financiar ilegalmente al CDC con facturas falsas || El director asegura que el precio que le pagó era ajustado al mercado
El director de TV3, Vicent Sanchis, y la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) negó ayer tener constancia alguna de “ninguna anomalía” en la contratación de contenidos audiovisuales a productoras externas, incluidos los contratos con Triacom entre los años 2008 y 2016, investigados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para averiguar su presunta relación con la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Así lo aseguraron en el Parlament la presidenta en funciones del ente público, Núria Llorach, y el director de TV3, Vicent Sanchis, que aseveró que la información contable que han facilitado en dos ocasiones en los tribunales es “absolutamente clara y transparente” y refleja unos precios “ajustados al mercado de ese momento”. Estas declaraciones llegan después de que salieran diversas noticias que apuntaban a que la televisión catalana habría pagado entre 2008 y 2016 unos 31 millones de euros a Triacom, presuntamente con un sobreprecio de hasta el 50%, que la productora habría destinado a pagar facturas falsas para encubrir gastos vinculados a CDC.
La CCMA, sin embargo, sostiene que el dinero que pagó a la productora por hacer programas eran coherentes con el mercado, y que la Fiscalía no ha encontrado indicios de que TV3 pudiera saber lo que hacía Triacom con el dinero que pagaban. De hecho el empresario audiovisual Oriol Carbó es el único imputado en esta causa derivada de la del 3 % en la que se investiga si, a través de su productora, Triacom, habría desviado dinero para financiar ilegalmente a CDC con facturas falsas. Por su parte, la jueza que investiga el llamado caso Boreas, sobre supuestas adjudicaciones irregulares en la Diputación de Lleida entre 2011 y 2018, ha remitido una parte de la causa al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la presunta financiación ilegal de CDC a través de Triacom.
En concreto se indaga si dos ingenierías relacionadas con los vecinos de Mollerussa Esteve y Gonzalo Niubó Mir falsificaron facturas para participar en esta financiación ilegal, utilizando para ello un testaferro de Huesca.
