POLÍTICA ECONÓMICA
La justicia europea avala el bloqueo de fondos a Hungría y Polonia
Sentencia que Bruselas puede congelar las ayudas si detecta vulneraciones del Estado de derecho. Ambos países dicen que son víctimas de 'abuso de poder'
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto al mandatario de Polonia, Mateuz Morawiecki.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló ayer el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al cumplimiento del Estado de derecho, un sistema que Polonia y Hungría –los dos únicos afectados– recurrieron para intentar su anulación. En dos sentencias, la Gran Sala del tribunal consideró que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión, en contra de los argumentos esgrimidos por los países afectados en sus recursos por esta normativa. A efectos prácticos, este fallo permite a la Comisión Europea (CE) congelar el pago de las ayudas, incluidas las del fondo de recuperación europeos, si se “vulneran los principios del Estado de derecho en un país miembro que amenace” a los intereses de la UE.
Tras conocerse la noticia, los eurodiputados responsables del mecanismo defendieron que la activación de este proceso contra Polonia y Hungría debería ser una cuestión de “días o pocas semanas”. “El reglamento lleva aprobado 14 meses, y las violaciones han sucedido durante años”, afirmó la parlamentaria socialista española Eider Gardiazábal. Del mismo modo, la decisión del TJUE también contó con la aprobación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que instó a Bruselas a actuar “rápidamente” para ponerlo en práctica contra países que, como Hungría y Polonia, contravienen el Estado de Derecho. No obstante, aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, celebró el fallo, avanzó que analizará la situación antes de decidir si toma medidas contra los países.
Mientras, la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, aseguró que se trata de una “decisión política” que demuestra el “abuso de poder” de las instituciones europeas, y vinculó el dictamen con las elecciones que el país celebrará en abril. Por su parte, el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro, dijo que se trata de un ejemplo de “fuerza bruta” y de cómo la emplean quienes “quieren ejercer su poder a expensas de los Estados miembro”.
