PARTIDOS CRISIS
Casado siembra dudas sobre el hermano de Ayuso y esta admite una comisión de 55.830?
La presidenta madrileña dice que es legal y que ella no intermedió || El líder popular exige explicaciones y sugiere que es culpable de tráfico de influencias aunque no prevé expulsarla del partido
La guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso continuó ayer por segundo día al PP. En la hecatombe que vive el PP, el líder del partido a nivel estatal buscó acreditar que él y su dirección hicieron lo correcto. En una entrevista con la Cope, Casado defendió que los datos bancarios y fiscales que les hizo llegar alguien de la administración eran “suficientemente relevantes para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias”.
Le puso cifras y letras a sus recelos: 286.000 euros de una supuesta comisión y la pregunta de si Priviet Sportive, la empresa a la que la Comunidad de Madrid compró mascarillas, actuaría como “testaferro” de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. El líder del PP ve dos opciones: ilegalidad o falta de ejemplaridad. La pregunta, según Casado, es “si es entendible que el 1 de abril (de 2020), cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”.
Pidió saber en concepto de qué se produjo el cobro y explicó que la información aflora ahora, tras las denuncias de espionaje hechas por Ayuso. Él no lo denunció al no tener pruebas.Negó que la Moncloa le hiciese llegar un dossier –también el Gobierno lo negó– y calificó de “montaje” las denuncias de espionaje a través del ayuntamiento de Madrid. Argumentó que lo que se dirime es la ejemplaridad del partido y no una pugna por el poder ni por el control del PP madrileño.
Además, rechazó por el momento la expulsión de Ayuso. Minutos después, la presidenta madrileña reconoció que su hermano había cobrado una comisión, pero defendió que no era ilegal y que ella no intervino en nada. Posteriormente, aclaró que no había comisión, sino un pago de “gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid”.
Su hermano facturó 55.580 euros, según sus cifras.El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió la “legalidad” de todos los contratos de emergencia del Ejecutivo regional durante la pandemia, incluido el que ha destapado el escándalo. Mientras, el consejero portavoz, Enrique Ossorio, defendió que todo el Ejecutivo es “una piña” en torno a la presidenta, al tiempo que denunció las “malas artes” del partido estatal para impedir que Ayuso llegue a presidir el partido en Madrid.
Sectores del partido exigen una renovación total La desolación y el desánimo se ha instalado en cargos del PP de todos los niveles por el “suicidio en directo” que, a su entender, están protagonizando públicamente el líder de la formación, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Mientras los presidentes autonómicos del PP reclamaron ayer que se conozca la “verdad” tras las acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción y que se solucione rápido el conflicto, cada vez más voces reconocen en privado que la única solución a esta guerra abierta pasa por una “renovación total” en el Congreso Nacional del PP, que está previsto en principio para el mes de julio.Con las elecciones andaluzas previstas a partir de otoño y la formación de gobierno pendiente en Castilla y León, en las filas del PP no saben medir en este momento la dimensión y las consecuencias que puede tener en el medio y largo plazo esta “guerra a muerte”, pero subrayan que los adversarios políticos del PP están “frotándose las manos” porque le han dado “munición para rato”. “Vox está comiendo palomitas”, lamenta un presidente regional. Además, muchos cargos censuraron la actuación del secretario general del PP, Teodoro García Egea, porque llevan “meses advirtiendo de que esto iba a explotar”, y algunos ya exigen su cese.
La izquierda pide a la Fiscalía investigar un presunto cohechoAyer, dentro de la crisis interna que está viviendo el PP, se abrió además la vertiente judicial del caso, porque la oposición madrileña –Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos– llevó a la Fiscalía por presunto cohecho el contrato para la compra de mascarillas en China que despertó sospechas de corrupción en la dirección estatal del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene sobre la mesa las tres denuncias presentadas. Ahora, debe estudiarlas y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación.