El Tribunal de Cuentas admite los avales del Govern por el 'procés'

El Tribunal de Cuentas aceptó ayer los avales del Institut Català de Finances (ICF) presentados por 34 excargos del Govern para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta para hacer frente a su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la promoción exterior del procés. Según el Tribunal, esta es la cantidad que el Executiu habría destinado a este fin entre 2011 y 2017, a través de las denominadas “embajadas catalanas” y el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat). La votación contó con un voto particular contrario a la resolución.

De este modo, el órgano ha corregido la decisión que adoptó en octubre de 2021, cuando la delegada instructora Esperanza García Moreno rechazó los avales del ICF, dependiente de la Generalitat, presentados para cubrir su parte de la fianza. Señaló entonces que “el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado”. Con este cambio de criterio, los excargos afectados por esta causa, entre los que se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junquera y los exconsellers Francesc Homs y Raül Romeva, evitarán el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora pero que nunca llegó a ejecutarse, según confirman fuentes de la defensa. Esta es la primera decisión que toma sobre la causa el Tribunal de Cuentas, renovado en octubre de 2021 y con una nueva mayoría progresista.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó ayer de “jurídicamente impecables” los avales públicos del ICF, y apuntó que son “un mecanismo imprescindible para defender a los servidores públicos ante las injerencias del Tribunal de Cuentas”. En la misma línea, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, celebró la decisión y recordó que, a pesar de que el fondo complementario había sido aceptado por la Abogacía del Estado, había una treintena de “servidores públicos con pisos y cuentas bloqueadas por la persecución económica por unas funciones” reconocidas en el Estatut d’Autonomía. Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, aseguró que el fallo supone “la segunda entrega del indulto” a los líderes independentistas encausados por el procés.