SEGRE

NORMATIVA VIVIENDA

El Tribunal Constitucional tumba la ley catalana que regula los alquileres

En Lleida esta norma solo afectaba a la capital

Protesta contra desahucios  -  Activistas de la PAH en Lleida protagonizaron ayer por la mañana una protesta ante la oficina del BBVA de Rambla Ferran en contra de desahucios en viviendas propiedad de esta entidad bancaria.

Protesta contra desahucios - Activistas de la PAH en Lleida protagonizaron ayer por la mañana una protesta ante la oficina del BBVA de Rambla Ferran en contra de desahucios en viviendas propiedad de esta entidad bancaria.MAGDALENA ALTISENT

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El pleno del Tribunal Constitucional (TC)estimó ayer parcialmente por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados del PP contra varios preceptos de la ley catalana de vivienda (11/2020), que limita los precios de los alquileres, porque suponen una invasión de competencias del Estado. Los preceptos anulados, argumenta el Alto Tribunal, invaden competencias reservadas estatales en materia civil para regular las bases contractuales, en concreto “la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia”. La sentencia conocida, cuyo contenido íntegro se dará a conocer hoy, no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas.

Los contratos vigentes firmados con la ley ahora parcialmente anulada seguirán vigentes en los mismos términos y “los efectos serán pro futuro”. La legislación catalana obligaba a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con “tensión” residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedaban exentos los arrendadores “vulnerables” que ingresen menos de 2.000 euros mensuales. En la provincia de Lleida solo afectaba a la capital.Por otra parte, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, tras un acuerdo a última hora con ERC que permite al Gobierno continuar con su tramitación Este supone la garantía por escrito de que la ley no invadirá competencias autonómicas.

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