Borràs dice que el caso Juvillà prueba la violabilidad del Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, reivindicó ayer su gestión al frente de la Cámara catalana ante la “extrema vulnerabilidad” que cree que tiene la misma ante los tribunales, como cree que se demuestra en el caso del exdiputado de la CUP por Lleida, Pau Juvillà. En una comparecencia para hacer balance del aniversario de la legislatura, lamentó que las instituciones deban verse afectadas por la “represión del estado” e hizo un llamamiento a los partidos independentistas para defender la “inviolabilidad del Parlament con unidad, sin reproches y rehaciendo las confianzas rotas”. Según ella, la Cámara catalana “ha hecho todos los pasos posibles para ir más allá” que lo que se hizo con la inhabilitación del expresidente de la Generalitat, Quim Torra, pero cree que la justicia también ha ido más allá que en esa ocasión y por eso se le ha acabado retirando el acta a Juvillà.Durante su discurso, la presidenta del Parlament afirmó también que las licencias de edad de la Cámara catalana han costado 14.399.822 euros desde 2009 y que 55 personas se han acogido a este régimen que permitía que trabajadores de más de 60 años y que llevasen más de 15 trabajando en el Parlament cobrasen su sueldo sin trabajar durante tres años.

Borràs aseguró que cuando conoció la existencia de estas jubilaciones doradas impulsó los mecanismos necesarios para extinguirla “sin revuelta interna y sin ruido mediático”. En este sentido, recalcó que desde que llegó a la Presidencia de la Cámara ha tenido la voluntad de “avanzar en la racionalización del funcionamiento interno del Parlament para adaptarlo a los principios de racionalidad y de austeridad”. Además de la de las licencias por edad, la dirigente juntista reivindicó su gestión de los trienios que tienen los trabajadores de la Cámara y apuntó que su voluntad desde el primer momento ha sido “corregir” que una parte de las retribuciones de los diputados esté exenta de retención y que las dietas por desplazamiento se paguen con independencia de si los parlamentarios se desplazan o no.

Para ella, esto “no es aceptable” y apuntó que se han planteado 18 propuestas de modificación.