El Gobierno español evalúa rebaja fiscal a carburantes y productos afectados por inflación

El Gobierno está abierto a "revisar a la baja la fiscalidad" de los productos más afectados por las elevadas tasas de inflación, entre ellos los carburantes, como parte del paquete de medidas que prepara para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.

Así lo ha avanzado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha declinado entrar al detalle de qué sectores y productos pueden ser objeto de esta bajada de impuestos porque el propósito del Ejecutivo es consensuarlo primero con agentes sociales y formaciones políticas.

"Vamos a estudiar un paquete de medidas, algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación (...) Con eso avanzo bastante respecto a la actitud del Gobierno", ha respondido a la pregunta de si la de los carburantes será una de las categorías donde se aplique esa rebaja de impuestos.

Montero ha explicado que el Ejecutivo también trabaja de forma paralela en hacer cambios en la regulación energética ante el fuerte encarecimiento de la electricidad, y ha destacado que la decisión que adopte el Consejo Europeo tras su reunión del 24 y 25 de marzo sobre la regulación del gas será trascendental. En este sentido, ha apuntado que el Gobierno iniciará además "una ronda de conversaciones con los partidos" para conocer su opinión sobre la regulación energética, antes que los cambios pasen por el Congreso.

Sobre la posibilidad de elevar los impuestos a los beneficios que obtienen las eléctricas como consecuencia de la subida de precios, Montero ha recalcado que el Gobierno ya ha "topado" estas ganancias y ha tomado medidas en este sentido. "Hay diferentes formas de abordar esos beneficios, bien por la vía fiscal o a través de la regulación, que es la forma que ha elegido este Gobierno", ha precisado. 

Reforma del bono social y prorroga el recorte fiscal a la luz

El Gobierno prevé aprobar mañana una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho más de 1,2 millones de hogares para desligarlo de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como prorrogar los recortes fiscales vigentes para contener la factura eléctrica.

Así lo asegura al menos el diario Cinco Días este lunes, al detallar que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes, a través de un real decreto ley, una batería de medidas para aliviar la factura de la electricidad, especialmente, a los consumidores vulnerables y a las empresas.Entre ellas se impulsará una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho 1,2 millones de consumidores vulnerables para desvincularlo de la evolución del precio en el "pool" (mercado mayorista donde se fijan a diario los precios de la electricidad).

En paralelo, se aprobará un nuevo modelo de financiación de dicho bono, en el que incluiría también como financiadoras a las compañías reguladas que gestionan las redes: la de transporte, Red Eléctrica, y las distribuidoras.Además se prorrogará el recorte de los tributos de la luz (la suspensión del impuesto del 7 % a la generación y las bajadas del IVA al 10 % y del impuesto eléctrico al 0,5 %).También se compensarán en un 80 % los peajes de la industria vía Presupuestos, a la vista de la nueva flexibilidad para dar ayudas de Estado, tal como hacen ya Alemania y Francia sin oposición de la Comisión Europea.

El Gobierno también regulará la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore, que permitirá una rebaja de los cargos de la factura en casi 2.000 millones de euros, al tiempo que podría aprobar el desarrollo de las subastas de energía primaria.

Eléctricas y gasistas deben asumir ganar menos

Según apunta el diario, lo que por el momento no se va a aprobar es la imposición de un tope al precio del "pool", algo que apoya el Gobierno y que permitiría que las eléctricas con tecnologías que no requieren de gas dejaran de recibir los llamados "beneficios llovidos del cielo".Este mismo lunes, en una entrevista con Expansión, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostiene que las empresas que más ganan deben aportar más para bajar el precio de la electricidad, un reto en el que las empresas eléctricas, pero también las gasistas, deben asumir que podrían cobrar menos.La también vicepresidenta cuarta del Gobierno defiende que ante los precios de récord que tienen la electricidad y el gas en toda Europa, es preciso actuar en varios frentes."Por un lado, contener precios" de forma inmediata y con "medidas urgentes" que deberían adoptarse a nivel europeo, indica sin descartar que España "actúe antes" si no hay consenso, y por otro, "revisar las reglas del mercado".

Se trata de un reto "histórico", señala Ribera, que implica cambiar normas que llevan décadas en vigor. Entre otras cosas, defiende que hay que "sacar al gas del mercado mayorista eléctrico -lo que se conoce como desacople-.En la práctica, se "deja en suspenso parte del régimen europeo que organiza el mercado" y se interviene por parte de las autoridades, aunque aún faltan por concretar los términos de ese desacople.

Entre las posibilidades que se contemplan figura poner un precio máximo al mercado eléctrico, o precio máximo al gas cuando haga ofertas para las centrales eléctricas. Una tercera vía sería sacar "definitivamente al gas del mercado eléctrico" y pagar a cada central eléctrica con arreglo a unos costes y una rentabilidad.En todo caso, insiste, los próximos días serán decisivos, con la vista puesta en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas los próximos 24 y 25 de marzo.