Quim Torra es juzgado en ausencia por la segunda causa por desobediencia
Un mosso y un asesor del expresidente dicen que muy a menudo se colgaban pancartas en la Generalitat y nunca se denunciaban
Imagen extraída de señal de vídeo de la sala de vistas durante el juicio contra Quim Torra sin la presencia del acusado.
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha sido juzgado este jueves en un juzgado de lo penal de Barcelona por desobediencia aunque no se ha presentado al juicio. Como la petición de pena no es de prisión, la ley prevé que se pueda celebrar el juicio, y ni las acusaciones ni la defensa se han opuesto. La fiscalía le pide 20 meses de inhabilitación por no retirar una pancarta a favor de los políticos presos del balcón del Palau de la Generalitat aunque lo había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en septiembre del 2019. Dos testigos, el mosso que hizo el requerimiento y un asesor de Torra, han explicado que otras veces había pancartas en el balcón y nunca se habían obligado a retirar.
La entidad españolista Impulso Ciudadano pidió en junio de 2019 en la sala contenciosa-administrativa del TSJC que, como medida cautelar, obligara a Torra a retirar la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' en catalán e inglés, y un lazo amarillo. La sala contenciosa-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de septiembre dictó la orden de retirada, que fue comunicada personalmente a Torra el 23 de septiembre, dándole un plazo máximo de 48 horas. No obstante, el 20 de septiembre Torra ya emitió un comunicado asegurando que no acataría la orden. Torra no descolgó la pancarta alegando que la decisión no era firme y se podía recurrir. Según el expresidente, la pancarta era un ejercicio de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo.
El 25 de septiembre la Generalitat presentó un recurso de reposición contra el auto del TSJC donde pedía la suspensión de la medida cautelar. Al día siguiente el TSJC recordó que el recurso no suspendía el orden. El 27 de septiembre poco después de las 12 del mediodía una letrada de la administración de justicia levantó acta constatando que la pancarta seguía en su lugar. Entonces el TSJC ordenó al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra la retirada de la pancarta. Poco después de las 3 de la tarde mossos d'esquadra acudieron al Palau de la Generalitat con la orden, que se acabó cumpliendo por parte de trabajadores del edificio.
Por todo eso, la fiscalía lo acusa de un delito de desobediencia y le pide 20 meses de inhabilitación para cualquier cargo público electo o de gobierno de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y que esta inhabilitación comporte la privación "definitiva" de estos cargos públicos y de los honores que comportan, así como la imposibilidad de obtenerlos durante el tiempo de condena. Además, le reclama 30.000 euros de multa.
En un vídeo colgado a primera hora de este jueves, Torra ha anunciado que no se presentaba al juicio. "No legitimaré este juicio político con mi presencia", ha manifestado a través de un comunicado. El expresidente añade que no legitimará una nueva "escenificación represiva disfrazada de justicia" y pide amparo a los tribunales internacionales porque asegura que no reconoce la legitimidad de la justicia española "que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales". El expresidente ya fue juzgado e inhabilitado durante 18 meses en un primer juicio también para no retirar la pancarta durante periodo electoral.
En el vídeo, Torra reconoce, como ya hizo en la primera causa, que desobedeció las instrucciones porque eran "ilegales". Añade que el segundo juicio demuestra que la represión política en el estado continúa y aprovecha para expresar su apoyo a todos los investigados y encausados por hechos similares y en el marco del 1-O. "No legitimaré esta farsa", insiste Torra, que al mismo tiempo pide amparo a los tribunales internacionales porque asegura que no encontrará justicia en los españoles. El expresidente defiende que las pancartas "en defensa de los derechos humanos" son legítimas y tienen que poder ser mostradas en espacios públicos. En este sentido, pone como ejemplo las pancartas en apoyo a Ucrania por la guerra tirada por Rusia visibles en muchos edificios actualmente.
